Es incuestionable la necesidad de abrir un refugio para los indigentes de la ciudad de Trujillo, y en ese sentido la Municipalidad Provincial de Trujillo acaba de anunciar que desde el próximo lunes se pondrá en funcionamiento uno, gracias a la familia Acuña Núñez (los hermano Richard y Kelly, junto a su madre Rosa), la cual ha cedido el uso de las instalaciones del centro deportivo recreacional Soccer City para tal fin.
Se trata de un propósito que se desluce por el olvido de las autoridades municipales respecto a la condición en la que se encuentra dicho terreno, y por la propia actitud de esta familia que pudiendo ofrecer un espacio incuestionablemente suyo opta por ceder un espacio actualmente en litigio (desde 2008) y bajo la total certeza fiscal de que se trata de un terreno adquirido de forma delictiva y que incluye pedido de prisión para los hermanos Acuña.
RECORDAR
Kelly Acuña y su hermano Richard están acusados de presunta falsificación de documentos públicos para apropiarse de un terreno de 20 mil metros cuadrados ubicado en la zona denominada ‘El Gallinazo’ en el sector Las Palmeras de la urbanización San Andrés, distrito de Víctor Larco, Trujillo (donde funciona el centro deportivo Soccer City).
Por ahora la 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, acusó y pidió 8 años de pena privativa de la libertad contra Kelly Acuña Núñez (3 años son por el presunto delito de falsificación de documentos, 2 por fraude procesal y 3 por falsedad ideológica), y el pago de una reparación civil de 3 millones 60 mil soles.
Esta misma denuncia y pedidos de sanción no pudo realizarse aun al otro acusado, Richard Acuña, debido a su recién concluida condición de congresista y miembro de la Comisión Permanente del parlamento, lo cual le brindaba Inmunidad Parlamentaria, además de contar por largo tiempo con decisiones favorables para sí en las comisiones de Ética y de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.
Sin embargo, la Fiscalía espera retomar la regularidad de sus funciones para iniciar el proceso pendiente contra Richard Acuña, a quien se acusa de haber presentado tres certificados falsos de posesión, firmados supuestamente por una jueza de paz que ni siquiera estuvo nombrada en 2004, fecha de los certificados. Jueza que además en declaración fiscal rechazó que la firma presentada sea suya.
Una dudosa entrega benéfica de una dudosa adquisición.