Han pasado once meses y la Gerencia Regional de Educación La Libertad no emite el informe necesario para sancionar a malos funcionarios y servidores involucrados en actos irregulares. Buscarían que venzan plazos para lograr impunidad.
14 de octubre de 2021
El artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, indica que un procedimiento administrativo disciplinario queda sin efecto “en el plazo de tres años contados a partir de la comisión de la falta y uno a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces”.
Ley que al parecer apunta a ser letra muerta propiciando un aparente caso de encubrimiento en la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) respecto a personal vinculado en la comisión de irregularidades.
Las irregularidades
Mediante el oficio N° 021-2021-OCI/5342-SOO, Contraloría alertó que, desde el 29 de octubre de 2020, la GRELL no ha emitido el informe necesario para dar inicio a las sanciones correspondientes para un grupo de servidores y funcionarios responsables de haber llevado adelante la formulación, ejecución y mantenimiento de patios y exteriores para instituciones educativas. Trabajos que no contaban con criterios técnicos y disposiciones contractuales, respectivamente.
El informe señala que se pagó al contratista antes de haber culminado los trabajos, generando un perjuicio económico a la entidad por S/ 182 200, ya que no se garantizaban las condiciones de confort para los escolares.
Como consecuencia de este acto, alejado del procedimiento correspondiente, se identificó presunta responsabilidad administrativa en cinco personas, entre servidores y funcionarios de la oficina responsable de la educación en la región.
Los señalados responsables son: el Sub Gerente de Gestión Institucional, Víctor Alberto Aguinaga Urbina; Nilthon Dennis Paredes Quezada, Especialista para la Gestión de Incremento en el Acceso; la contadora Angela Natividad Geldres Paredes; Juana Valles Riva, tesorera de la entidad y José Luis Aguilar Pereda, con el cargo de director de Oficina de Administración.
Desde el 11 de noviembre del año pasado se iniciaron las solicitudes de acciones correspondientes en el Gobierno Regional, es decir buscando que se decidan sanciones… Hasta ahora nada de eso ocurrió.
Rogger Ruiz, Gerente general, ordenó en ese momento adoptar las acciones para el deslinde de responsabilidades correspondientes de los vinculados en los hechos descritos. Al día siguiente llegó a la Gerencia Regional de Educación La Libertad el memorando. Siete días más tarde, la GRELL dispuso que se implementen las recomendaciones.
La primera llamada de atención se dio el 14 de julio de este año, cuando el jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional La Libertad solicitó al Gobernador Regional la implementación de la recomendación del mencionado informe.
Tres semanas después, el 4 de agosto de este año, la Gerente General Adjunta del Gobierno Regional, Maritza Hurtado, exigió al Gerente Regional de Educación La Libertad, Oster Paredes, la adopción de medidas para culminar la implementación de la recomendación.
Se le hizo saber al titular de educación en esa comunicación que se “ha cursado en forma reiterada comunicaciones, disponiendo a los funcionarios responsables, adoptar las medidas para la implementación definitiva de las recomendaciones (…) sin embargo, a pesar del tiempo no han cumplido con acreditar la IMPLEMENTACIÓN DEFINITIVA solicitada”.
Paredes Fernández respondió señalando, con oficio de por medio, que “el caso se encuentra en la etapa de investigación preliminar”. Manifestó, en la comunicación escrita, que se estaba dentro del plazo estipulado por ley.
El pasado uno de octubre, Oster Paredes manifestó al jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional no haber concluido con la investigación preliminar porque “hasta la fecha su despacho no ha enviado de forma íntegra el informe de servicio de control específico y sus anexos solicitados”.
Sin embargo, Contraloría, le aclara y señala que el 29 de octubre de 2020, fecha en la que se comunicó al titular de la entidad, se adjuntaron dos tomos de informes y uno en digital.
El artículo 94 de la Ley del Servicio Civil, indica que un procedimiento administrativo disciplinario queda sin efecto “en el plazo de tres años contados a partir de la comisión de la falta y uno a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces”.
A estas alturas resulta lamentable, y hasta sospechoso, que a poco de cumplirse un año del informe inicial no haya una investigación preliminar concluida. El sector Educación en el país tiene mucho por atender, mejorar y fortalecer, pero será muy difícil lograrlo si en sus oficinas existentes personajes capaces de realizar actos irregulares y permanecer sin sanción al amparo de quienes, por el contrario, deberían apartarlos.