El Gobierno prorrogó por 60 días más el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad, y además declaró la misma medida en la provincia de Chepén, como parte de las acciones para enfrentar la criminalidad y la violencia que golpean al norte del país. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo 078-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y entrará en vigencia desde el 26 de mayo de 2026.
La medida, que restringe derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, será ejecutada por la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo también anunció patrullajes permanentes, controles de identidad, operativos de captura de requisitoriados y la prohibición del tránsito de dos personas adultas en motocicletas lineales, además de reforzar acciones de inteligencia y control territorial en zonas consideradas críticas.
Ya van dos años y tres meses de medida ineficaz
Sin embargo, la nueva ampliación del estado de emergencia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad de esta estrategia, debido a que Trujillo y Virú permanecen bajo esta medida desde el 23 de febrero de 2024, es decir, hace dos años y tres meses. Durante este periodo, la criminalidad no ha mostrado un retroceso significativo: los asesinatos por sicariato continúan, las extorsiones siguen golpeando a empresarios, transportistas y comerciantes, y los atentados con explosivos persisten en distintos puntos de la ciudad.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió en abril pasado, cuando delincuentes detonaron un explosivo en la avenida 9 de Octubre de Trujillo, frente a la sede de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional, hecho que evidenció el nivel de desafío de las organizaciones criminales frente a las autoridades. A ello se suma la constante rotación de mandos policiales en La Libertad. Recientemente, el general PNP Franco Moreno Panta fue reemplazado por Ricardo Espinoza Cuestas en la jefatura policial de la región, en medio de cuestionamientos por los resultados obtenidos.
¿No hay más opciones para enfrentar la criminalidad?
La continuidad indefinida de los estados de emergencia empieza a ser criticada por diversos sectores que consideran que la medida no ha cumplido el objetivo de reducir de manera sostenida la violencia criminal. Especialistas en seguridad advierten que el despliegue militar y policial no ha estado acompañado de estrategias integrales de inteligencia, fortalecimiento fiscal, control penitenciario y lucha contra las economías ilegales que financian a las bandas criminales.
En ese contexto, vuelve a surgir la interrogante sobre si el Gobierno debe seguir apostando por prórrogas sucesivas de estados de emergencia que, hasta el momento, no han logrado frenar el avance del crimen organizado en La Libertad, o si corresponde implementar nuevas políticas de seguridad más efectivas y sostenibles para recuperar el control de las calles.
