El presidente José Jerí Oré anunció la noche del martes 21 la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, que entra en vigencia desde las 00:00 horas del 22 de octubre por un periodo de 30 días. La decisión, respaldada por el Consejo de Ministros, busca enfrentar con firmeza el avance del crimen organizado y la violencia urbana.
“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada, pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia”, expresó Jerí durante su mensaje a la Nación, al señalar que el país pasará “de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra la inseguridad.
Durante este periodo, el Gobierno suspenderá los derechos de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, y ejecutará operativos conjuntos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los serenazgos municipales. A continuación, las principales medidas dispuestas por el Ejecutivo:
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Control penitenciario y apagón electrónico: se restringen las visitas en los penales de San Juan de Lurigancho, Ancón y otros centros; se aplica un apagón total, permitiendo solo iluminación básica, y se ordena destruir las antenas ilegales que faciliten comunicaciones con redes criminales.
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Patrullajes combinados y control territorial: se instalarán comandos temporales de campaña en zonas críticas para ejecutar allanamientos, operativos de control de identidad y patrullajes permanentes con apoyo militar y policial.
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Prohibición de dos pasajeros en moto lineal: medida clave para frenar los asaltos y fugas rápidas, comúnmente cometidos con este tipo de vehículos.
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Decomiso y fiscalización: se realizarán operativos masivos de incautación de armas, explosivos, pirotécnicos e insumos químicos usados en actividades ilícitas, además de supervisar talleres artesanales y comercios irregulares.
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Pruebas de polígrafo a funcionarios: el Sistema de Inteligencia Nacional aplicará pruebas de confianza al personal del INPE y a otros servidores vinculados a la seguridad pública.
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Respuesta rápida de la justicia: se fortalecerán las unidades de flagrancia para acelerar los procesos judiciales y se otorgará protección policial especial a fiscales y jueces que intervienen en casos de crimen organizado.
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Combate a los mercados ilegales: se intervendrán puntos de venta de drogas, armas, autopartes robadas y chips telefónicos, y se suspenderán de inmediato las líneas usadas en extorsiones y secuestros.
Con estas disposiciones, el Gobierno de José Jerí busca restablecer el orden, recuperar la seguridad y devolver la confianza a los ciudadanos de Lima y el Callao. “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, remarcó el mandatario.
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