El Pleno del Congreso aprobó este martes la inhabilitación por 10 años de la fiscal Delia Espinoza, en una segunda votación que revirtió el resultado de la mañana y cerró la jornada con 71 votos a favor, superando el umbral de 68 requerido. La sanción fue impulsada por una mayoría parlamentaria que, según especialistas, no presentó una causa objetiva que sustente la separación de la magistrada del Ministerio Público.
De acuerdo con la resolución aprobada —de apenas tres páginas—, no existe mención directa a la supuesta participación de Espinoza en la emisión de la Resolución N.° 2246, norma interna con la que el Ministerio Público buscaba reglamentar la Ley 32130 sobre la participación policial en actos de investigación. En contraste, quedó documentado que la disposición fue firmada por el entonces fiscal de la Nación, Carlos Villena, quien, sin embargo, no fue alcanzado por la sanción.
La mañana había terminado con 63 votos, insuficientes para concretar la inhabilitación. Horas después, el congresista Jorge Montoya y la parlamentaria Norma Yarrow presentaron reconsideraciones que permitieron reabrir el debate. Al retomar la sesión, la Mesa Directiva —bajo la conducción de Fernando Rospigliosi— sometió nuevamente a votación los pedidos, momento en el que se evidenció el cambio de votos que inclinó la balanza.
El portal congrezoo.pe cho legisladores resultaron decisivos: Katy Ugarte (JPP), José Balcázar (Perú Libre) y Kira Alcarraz (no agrupada) pasaron de la abstención al voto a favor; Francis Paredes y Guido Bellido (Podemos Perú) y Silvia Monteza (Acción Popular) votaron por primera vez en la tarde a favor; mientras que Juan Mori (Acción Popular), pese a estar con licencia, reapareció para respaldar la sanción, y Elva Julón (APP), ausente en la mañana, reapareció en la tarde para sumar su voto.
En el respaldo partidario, Fuerza Popular aportó 15 votos, Alianza para el Progreso (APP) 13, Renovación Popular 9 y Podemos Perú 7. También votaron a favor Acción Popular (6), Perú Libre (6), Avanza País (5), Somos Perú (4), Honor y Democracia (3) y Juntos por el Perú (1). La decisión desató críticas por un presunto uso político del mecanismo de inhabilitación, en un contexto preelectoral donde las bancadas que impulsaron la medida buscarán renovar la confianza ciudadana en 2026.
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