Han pasado 16 años desde que comenzó la contaminación del río Llallimayo, en la provincia de Melgar, y la población de Ayaviri sigue consumiendo agua tóxica. La indiferencia estatal, la falta de voluntad política y el silencio frente a las responsabilidades mineras mantienen en el abandono a miles de personas que enfrentan diariamente enfermedades y riesgo sanitario.
Ayer, el congresista Carlos Zevallos llegó hasta la cabecera de cuenca acompañado por el alcalde provincial. Ambos constataron el grave estado en el que se encuentra el afluente. Sin embargo, su presencia no pasó de una visita protocolar. No se anunció ningún plan de remediación, ni medidas legales contra las empresas contaminantes. Fue otra fotografía más para las redes sociales.
Uno de los puntos más cuestionados es el silencio cómplice respecto a la mina Crespo, ubicada en la cabecera de cuenca, pero en territorio de la provincia de Santo Tomás (Cusco). Según denuncias locales, esta empresa habría cambiado de razón social para eludir sus responsabilidades ambientales, pero ni Zevallos ni otras autoridades se pronunciaron al respecto.
La ANA exige a los campesinos, pero guarda silencio ante las mineras
La población denuncia además el doble discurso del Estado. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otros organismos aparecen rápidamente cuando se trata de sancionar a pequeños agricultores por usar el recurso hídrico para sus cultivos. Pero frente a las mineras que vierten desechos ácidos y metales pesados, guardan un silencio absoluto.
El agua contaminada sigue fluyendo hacia Ayaviri. Se bombea, se consume, se cocina con ella. Mientras tanto, los centros de salud reportan aumento de enfermedades gastrointestinales, dérmicas y respiratorias. Y la respuesta institucional continúa siendo la indiferencia.
¿Representación o traición?
El congresista Zevallos ahora anuncia reuniones en Lima para «gestionar soluciones». Pero el pueblo ya está cansado de promesas vacías. En 16 años, las mesas de diálogo han fracasado una y otra vez, y los anuncios oficiales no se traducen en acciones reales.
El pueblo exige medidas urgentes, no más discursos. La situación del río Llallimayo no es solo una crisis ambiental, es una emergencia humanitaria. Frente al abandono estatal, las organizaciones sociales y comunidades campesinas llaman a la organización popular y a asumir una lucha activa por el derecho al agua, a la salud y a la vida.
Porque si el pueblo no defiende su territorio, nadie más lo hará.
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