El organismo advierte vulneraciones en proceso de selección de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Mientras, el gerente municipal desconoce si hay indagación administrativa contra los responsables.
05 de julio de 2021
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La cantidad de requisitos solicitados para comprar alimentos por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) despertó la sospecha del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Y es que el equipo de funcionarios ediles del comité de selección del proceso SIE-SIE-10- 2021-MPT-1, al mando del alcalde José Ruiz Vega, exigieron más de lo debido en esta subasta inversa electrónica de más de un millón 100 mil soles.
De acuerdo al portal de Transparencia, se trata de la subasta para la “Adquisición de productos que conforman la canasta alimentaria de los Programas de Complementación Alimentaria – PCA 2021, del distrito de Trujillo, provincia de Trujillo – La Libertad”, cuyo valor referencial es de S/ 1 178 995.74 y tenía por finalidad adquirir seis productos: Filete de caballa, aceite vegetal comestible, arroz superior pilado, arveja partida calidad 1 extra, lenteja calidad 1 extra, y azúcar rubia.
Entre los requisitos de calificación de la subasta se exigía, por ejemplo, la presentación de copia de RUC, en el que se debía establecer la actividad principal que demostrara la habilitación. Para dejar constancia de la acreditación, se solicitaba la copia de requisitos relacionados a la habilitación del postor. También la presentación de declaraciones juradas de disponibilidad de stock, de vida útil del producto, y de «condición de postor y dónde almacena su producto». Además, presentación de la copia del certificado de servicios de saneamiento ambiental.
Para Osce los pedidos de estos documentos son excesivos, ya que al tratarse de alimentos de procesamiento primario solo debían ser incluidos la ficha técnica y certificados emitidos por Senasa. También señala que las declaraciones juradas no son documentos habilitantes para la comercialización de bien común. Entonces, ¿por qué se solicitaban tantos requisitos para una subasta inversa?, ¿cómo podían los miembros de dicho comité desconocer esta situación si era integrado por supuestos especialistas en contrataciones con el Estado?
EL GANADOR IRREGULAR
Pese a la irregularidad, Inversiones Kathymar S.A.C. resultó ser la empresa que se hizo con la buena pro de este proceso. Su titular es Luis Alberto Poma Maguiña, quien registra domicilio en Chimbote, pero su organización está en Lima. Para ello, el 26 de mayo se registraron los documentos de otorgamiento de buena pro a Inversiones Kathymar S.A.C. y el 8 de junio se registró el consentimiento de la buena pro, tal como indica el dictamen de la OSCE.
En dicho dictamen, el 305-2021-OSCE-SPRI, el organismo supervisor concluyó que en la subasta se vulneraron las bases estándar de subasta inversa electrónica, así como el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 29 del reglamento de la misma Ley (ambos puntos legales dedicados al Requerimiento); así como las directivas 001 y 006 del 2019 de la OSCE y los principios de libertad de concurrencia y competencia.
Además, OSCE señala que «una “declaración jurada” no es un documento habilitante para la comercialización del bien común, más aún considerando que dichos aspectos ya se encuentran solicitados en el requerimiento, (…) razón por la cual no correspondía que se solicite la Declaración jurada de Disponibilidad de Stock, Declaración Jurada de vida útil del producto, sustentado, y la Declaración jurada de condición de postor y dónde almacena su producto».
En ese sentido, las actuaciones de los empleados de la MPT vulneran los artículos 16 de la Ley y 29 del Reglamento, las disposiciones de la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD y las bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, así como los principios de libertad de concurrencia y competencia.
Respecto del certificado de saneamiento ambiental, el organismo supervisor sostiene que «como requisito de habilitación, resultó innecesario y/o excesivo», ya que se encontraría acreditado con certificación de Senasa, en caso de alimentos de procesamiento primario; de Digesa para alimentos elaborados industrialmente, y por Sanipes en caso de productos pesqueros y acuícolas. Por ende, se han vulnerado las bases estándar y la Directiva 006 del 2029 de la OSCE.
En cuanto a los requisitos de calificación, se expresa que la documentación solicitada por la comuna provincial va contra el Principio de Transparencia y las Bases Estándar de la convocatoria ya que solo correspondía el pedido de ficha técnica y otras condiciones requeridas por la municipalidad en conformidad a las Bases Estándar.
¿QUÉ DISPONE OSCE EN ESTE CASO?
La entidad reguladora de las contrataciones con el Estado indica:
Considerando lo expuesto en las conclusiones del presente dictamen y teniendo en cuenta el estado actual del presente procedimiento (consentido), corresponderá al Titular de la Entidad (alcalde Ruiz), en su calidad de la más alta autoridad ejecutiva de su representada y responsable de la supervisión de sus procedimientos de contratación, evaluar el inicio del respectivo deslinde de responsabilidades de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado; así como, impartir las directrices pertinentes a fin que hechos similares no ocurran en futuros procedimientos de selección.
Corresponde hacer de conocimiento al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el contenido del presente Dictamen.
GUARDAN SILENCIO
Documentos en mano, Investigafue en busca del alcalde José Ruiz Vega para conocer si ya se habían iniciado los procesos administrativos correspondientes. Sin embargo, la máxima autoridad provincial señaló que era su gerente municipal quien tenía “más detalle” al respecto.
Ruiz Vega mencionó también que “si hay observación de la OSCE se tiene que cumplir dentro del plazo debido. Pero como todo proceso, si hay observación de requisitos, si se vulneran, se tiene que corregir. Es un tema administrativo que la entidad de oficio puede declarar nulo o cualquier documento se puede, se tiene que subsanar”.
Fuimos derivados a diálogo con el gerente general de la comuna trujillana, Daniel Pérez Tavera. Inicialmente para las 4 de la tarde, pero el personal municipal se comunicó con el autor de esta nota para informar que la reunión sería a las 3:30 de la tarde, toda vez que se debía evitar un cruce de reuniones. Posteriormente, trabajadores de la gerencia municipal solicitaron que sea atendido a las 3:15 de la tarde del miércoles 30 de junio.
Una vez en la oficina, 40 minutos después, se acercó el gerente municipal, tiempo en el que se dio espacio para recibir en su despacho a la regidora Nancy Vásquez.
Al ser finalmente atendidos, el funcionario indicó que sostendría diálogo con su asesor ya que él, justo a esa hora, tenía otra reunión. Esto se alcanzó a preguntarle.
¿Hay algún proceso iniciado?
Si se ha iniciado un proceso, no (…) No tengo conocimiento la verdad. Eso tendría que preguntarle a ellos, a los del comité.
Luego, dirigiéndose a una trabajadora de su oficina, le ordenó: – “¿Sabes qué? Hay que hacer el documento ahorita”.
¿Hasta el momento no hay nada aperturado?
No, hasta ahorita no hay nada. (…) Lo del proceso, si ya se instauró el proceso, no tengo conocimiento, creo que todavía.
Buscando alguna respuesta más sólida intentamos contactar al subgerente de Abastecimiento y presidente del comité de selección del proceso mencionado, Emer Torres Vera. Pese a las reiteradas llamadas telefónicas, fue imposible establecer comunicación con el funcionario.
En su calidad de responsable de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruiz debe evaluar el deslinde de responsabilidades; sin embargo, pese a tener conocimiento de las irregularidades, hasta el cierre de este informe no se han tomado acciones.
Dato:
El comité municipal de selección del proceso, considerado irregular por OSCE, está integrado por: Emer Alexander Torres Vera (Titular presidente), Hugo Ernesto Rimarachin Sánchez (Titular Miembro 1), Jorge Jhoel Vásquez Tirado (Titular Miembro 2), Elsi Raquel Flores Chávez (Suplente presidente), Violeta Elizabeth Siapo Aguilar (Suplente Miembro 1), y Arnold Adans Valderrama Sánchez (Suplente Miembro 2).