LA LIBERTAD: Fiscalía de la Nación denuncia constitucionalmente a Magaly Ruíz por caso «Mochasueldo»

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La Fiscalía de la Nación presentó este miércoles una denuncia constitucional contra la congresista Magaly Ruiz, de Alianza para el Progreso y representante de La Libertad, por los presuntos delitos de concusión y colusión agravada. Los cargos están vinculados al supuesto recorte de sueldos de sus trabajadores conocido como caso «Mochasueldos» y una contratación irregular en su despacho.

En cuanto al delito de concusión, los hechos involucran la contratación de Carlos Augusto Marina Puscán y María Greta Deza Batallano en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, liderada por Ruiz. Como se sabe, Marina Puscán denunció que se le exigía un aporte mensual de 1,500 soles.

Según el reportaje de Punto Final, Johnny Romero Nima, asesor principal del despacho de Ruiz, representante de La Libertad, era el encargado del cobro de cupos. Marina Puscán indicó que Romero le confesó que el dinero aportado iba «al bolsillo de la congresista» debido a deudas por campaña.

Respecto al delito de colusión agravada, la Fiscalía investiga la contratación de Camila Melissa Mantilla Heredia, entonces pareja sentimental del hijo de Ruiz, Jeffrey Marrufo, en el despacho congresal desde febrero de 2022 hasta marzo de 2023.

Punto Final también reveló que Mantilla Heredia presentó un currículum vitae con información falsa, incluida una declaración jurada sobre un supuesto trabajo en la Universidad Privada de la Selva (UPS), que fue desmentido por la institución.

Además, la Fiscalía dio a conocer que el 11 de abril inició diligencias preliminares contra Ruiz, el fiscal Richard David Rojas Gómez y su hermano Alex Junior Rojas Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.

De acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía de la Nación, Magaly Ruíz, congresista por La Libertad, ofreció puestos de trabajo y hasta dinero en dólares al fiscal Rojas para que gestione el «archivamiento» del caso «Mochasueldos».

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