LIMA. En marzo de 2023, el Gobierno de Dina Boluarte creó una comisión para proponer y supervisar medidas que permitan el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas afiliados a la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (Arpi SC), que representa a diez federaciones; y a la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de Selva Central (Ornasec).
Esta comisión multisectorial permanente fue establecida mediante Decreto Supremo 040-2023-PCM, con el objetivo de atender las demandas de los pueblos indígenas u originarios de la selva central, que incluyen a los pueblos Asháninka, Ashéninka, Kainte, Matsigenka, Nomatsiguenga, Yanesha y Yine, ubicados en el ámbito de las regiones Junín, Pasco, Huánuco, Cusco y Ayacucho.
Sin embargo, a diez meses de la emisión de la norma, las reuniones para compartir los avances entre los equipos técnicos del Ejecutivo y de las organizaciones indígenas no se han materializado. En ese contexto, el presidente de Arpi SC, Jorge Chauca López, y el líder asháninka Abner Campos alertaron sobre el desplante de los diferentes ministerios en las dos primeras reuniones presenciales de la Comisión Multisectorial, programadas para ayer, martes 30 de enero, y hoy, miércoles 31, en Lima.
Gobierno no cumple con compromisos
«Las organizaciones indígenas hemos venido a Lima para sostener reuniones con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el marco del decreto supremo 040-2023. En el encuentro de hoy [miércoles], hemos decidido retirarnos, porque confirmamos la poca seriedad del Gobierno para cumplir con sus compromisos. Hoy, tampoco asistieron los ministerios», indicó Campos, quien es presidente de la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP).
En esa misma línea, Chauca López confirmó la ausencia de los representantes de los ministerios y de la PCM. Según precisó, estas reuniones debieron realizarse entre noviembre y diciembre del 2023, pero por falta de recursos fueron convocados para fines de enero de este año. Para el dirigente, esta falta de interés del Estado constituye un acto discriminatorio.
«En la jornada de ayer [martes] tuvimos que presionar para que algún representante aparezca. Logramos que un viceministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) nos atienda en persona, mientras que otros dos lo hicieron de manera virtual. Uno de ellos era de Interculturalidad. En este segundo día, nos volvimos a dar con la sorpresa de que nadie vino y que querían que la reunión fuera virtual, a pesar de que están acá en Lima. El propósito era trasladarnos a Lima para contar con la presencia de la PCM. Está por demás tolerar esta situación. Nos retiramos por incumplimiento de la agenda de trabajo por parte de este gobierno», manifestó a INFOREGIÓN.
Demandas de los pueblos indígenas de la selva central
El presidente de la Arpi SC añadió que esperan que se convoque pronto a otra reunión e indicó que entre los temas urgentes a tratar están las derogatorias de la Ley 31973, que modifica la Ley forestal y de fauna silvestre (29763); y el Decreto Legislativo 1589, que establece penas de hasta 15 años de prisión por bloqueo de carreteras. Asimismo, otra de las demandas es que se descarte el proyecto de ley 6464-2023-CR, que es considerado como una amenaza para la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
De acuerdo con el decreto supremo la Comisión Multisectorial está conformada por el presidente del Consejo de Ministros, quien preside este espacio; los ministros de Cultura, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Desarrollo e Inclusión Social, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ambiente, Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos, Transporte y Comunicaciones, Interior, Energía y Minas. Además, está integrado por los gobernadores regionales de Junín, Pasco, Cusco, Huánuco, Ayacucho.
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