La escalada de violencia que azota a Trujillo, caracterizada por extorsiones, atentados selectivos y ataques en la vía pública, ha trascendido la categoría de delincuencia común para convertirse en una forma de terrorismo urbano que ya está generando graves consecuencias en la salud pública. Así lo advirtió el Dr. Paolo Amaya Alvarado, biólogo y docente del Programa SUBE de la Universidad César Vallejo (UCV).
Para el académico, el incremento de los actos violentos busca un beneficio económico ilícito, sembrar el miedo y paralizar la vida comunitaria. “Debemos entender que este fenómeno va más allá de las cifras de criminalidad. Estamos frente a una amenaza directa al bienestar integral de las personas”, afirmó el especialista en gestión de riesgos y oportunidades urbanas.
El Dr. Amaya Alvarado subrayó que el impacto del terrorismo urbano debe medirse no solo en pérdidas materiales o vidas, sino también en sus efectos silenciosos pero devastadores sobre la ciudadanía. Entre ellos, destacó:
* El incremento del estrés y la ansiedad.
* Deterioro de la salud mental, derivando en casos de depresión, ataques de pánico y otros padecimientos psicológicos.
* Restricciones a la vida social, evitando salir de noche y a espacios públicos.
Vulneración de derechos fundamentales como el acceso a la educación, la libre circulación y el trabajo digno, afectando directamente el desarrollo económico y social de la región.
“La violencia urbana no solo es un problema de seguridad; es un factor de vulnerabilidad que erosiona la salud y la cohesión social. En Trujillo, el terrorismo urbano debe ser enfrentado con políticas sostenidas, educación ciudadana y una visión de ciudad segura e inclusiva”, señaló el docente universitario.
Frente a este complejo escenario, el Dr. Amaya Alvarado instó a las autoridades a adoptar un enfoque integral de gestión de riesgos, que no se limite a la respuesta policial o judicial. Propuso cuatro pilares de acción fundamentales:
1. Prevención social: fortalecer programas educativos, culturales y deportivos para reducir la exposición de jóvenes a redes criminales y ofrecerles alternativas de desarrollo.
2. Fortalecimiento institucional: lograr una articulación efectiva y real entre las municipalidades, el gobierno regional, la Policía Nacional y el Poder Judicial para una respuesta coordinada.
3. Atención en salud mental: implementar campañas comunitarias masivas para mitigar el impacto psicológico que la violencia genera en la ciudadanía y ofrecer soporte a las víctimas.
4. Participación ciudadana: promover la organización vecinal y la recuperación de parques y plazas como una estrategia clave de resiliencia urbana y disuasión del crimen.
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