La Contraloría General de la República ha revelado detalles del escándalo que sacude la gestión regional: tres obras públicas en La Libertad y Loreto, por más de S/338 millones, presentan graves irregularidades. Dos de estos contratos, por S/315,6 millones, fueron adjudicados durante la administración de César Acuña a una joven empresaria de tan solo 23 años, sin experiencia previa en obras públicas.
La protagonista: Lucero Coca Condori
Dueña de LC & EC Constructora, Coca Condori pasó de ser una desconocida en el rubro a liderar consorcios que ganaron licitaciones para:
Corredor Vial Norte (Trujillo–Huanchaco) (S/121 millones)
Hospital Virú (S/194 millones)
Otro hospital en Loreto
Todo esto en menos de un año.
El informe que lo cambia todo
La Contraloría detectó una serie de anomalías que comprometen la transparencia del proceso:
Empresa sin trayectoria: LC & EC Constructora nunca había ejecutado obras de gran magnitud ni contratado con el Estado.
Documentación irregular: Se presentaron técnicos sin experiencia acreditada y firmas no legalizadas.
Puntajes inflados: El consorcio liderado por Coca recibió hasta 5 puntos adicionales en la licitación del hospital de Virú.
Sorteo sospechoso: En el caso de la vía Trujillo–Huanchaco, un “empate” derivó en un sorteo que favoreció a Coca.
Competencia bloqueada: Otro consorcio fue impedido de subsanar un error material, lo que allanó el camino a la empresa de Coca.
Presencia familiar: Su padre, Juan Coca Rojas, tiene registro de visita a la sede del Gobierno Regional de La Libertad durante el proceso.
Consorcios fachada: LC & EC lideró alianzas con constructoras de trayectoria, lo que refuerza la hipótesis de que fue usada como pantalla.
Funcionarios repetidos: Los mismos miembros del comité de selección participaron en ambas adjudicaciones, generando posible conflicto de interés.
Medidas legales: Coca presentó una medida cautelar para evitar la anulación del contrato de Trujillo–Huanchaco.
Recomendación de la Contraloría
Ante la magnitud de las irregularidades, el órgano de control ha solicitado al gobernador César Acuña la anulación de los contratos. Los funcionarios Walter Zevallos Apolitano y Arturo Giles Mendoza ya están bajo investigación fiscal por presunto favorecimiento.
