Una investigación de La Lupa destapa cómo un entramado de intereses entre empresarios y autoridades provinciales habría puesto en riesgo tierras y patrimonio cultural en Nasca. El caso gira en torno a la consultora BBA Consulting & Projects S.A.C., al alcalde Jorge Bravo y al presidente de la Cámara de Comercio de Nasca, Max Leonard Benavides Carpio, quienes aparecen articulados en proyectos como el teleférico de Cerro Blanco, el nuevo aeropuerto provincial, el Túnel del Sapo y lo más grave; recientes concesiones mineras en zonas arqueológicas.
El punto de partida es la creación de la consultora BBA en enero de 2020, una empresa conformada en plena campaña electoral municipal. Según el registro oficial de Sunarp, fue constituida por Benavides junto a Borquez y Alfaro, todos miembros de la Cámara de Comercio de Nasca. Cuatro años después, en 2024, los documentos del portal de Transparencia Económica muestran que la Municipalidad de Nasca contrató a BBA por S/ 39,500. Estos pagos prueban que el nexo empresarial y político no solo es ideológico, sino también contractual. Hay cosas más grandes.
El teleférico de Cerro Blanco y el rol de BBA
El proyecto del teleférico de Cerro Blanco ilustra bien cómo funciona la red. Este plan turístico fue una de las principales promesas de campaña del alcalde Jorge Bravo. En julio de 2024, un memorándum municipal reveló que la solicitud de transferencia de más de 22 millones de metros cuadrados de terrenos eriazos en Cerro Blanco se tramitó a pedido de BBA. Es decir, la misma consultora que promovió el proyecto fue la que gestionó la titularidad de los terrenos, esto ya de por sí es un claro conflicto de intereses que favorece a quienes controlan la consultora.
Los vínculos de BBA con Cerro Blanco no son nuevos. Se ha tenido acceso a documentos técnicos previos donde aparece la firma de Luis Armando Bohorquez Carpio, socio fundador de la consultora, en informes relacionados con ese territorio. Este detalle confirma que la empresa no solo intervino en la parte administrativa, sino también en la producción técnica que sustenta el proyecto. En la práctica, la consultora concentró información y decisiones clave sobre un predio estratégico.
El patrón ya se había visto antes también en otro proyecto llamado “Túnel del Sapo”, una vía que incluye un túnel para interconectar Vista Alegre con el centro de Nasca. Se denunció que habían dinamitado parte de la zona intangible de Paredones bajo el argumento de extraer piedras para reforzar defensas ribereñas en el Río Aja, pese a que había cerros al frente. La denuncia señala que esta acción encubrió la apertura de un trazado vial que atraviesa un sitio arqueológico, pero es una evidencia de cómo el patrimonio cultural se utilizó como excusa para habilitar terrenos con potencial de valorización. Es decir subirle los precios de los lotes de esa zona sin importar que fuera intagible.
Minería, recorte poligonal y sospechas de colusión
El episodio más controversial ocurrió en 2025, cuando el Ministerio de Cultura aprobó el polémico recorte poligonal que redujo la zona protegida en Nasca. Apenas días después, Max Benavides solicitó dos petitorios mineros de 100 hectáreas cada uno (DINEXIM 1 y DINEXIM 2). La coincidencia temporal no es menor: mientras la medida oficial liberaba áreas restringidas, el presidente de la Cámara de Comercio —y socio de BBA— pedía concesiones exactamente en esas zonas. ¿Qué coincidencia no?
Los informes de INGEMMET confirman que para que los petitorios de Benavides avanzaran se dispuso la “cancelación de áreas protegidas” y la “exclusión del catastro”. Esto significa que, de no haberse hecho el recorte, sus solicitudes hubieran sido rechazadas. Pero hay más antecedentes y esto agrava las sospechas: el 17 de abril de 2025, semanas antes del recorte, Benavides participó en una reunión en el Hotel Bris con Jhony Isla, jefe del Ministerio de Cultura en Nasca. El encuentro, transmitido en vivo y luego borrado, da pistas de que tuvo a información privilegiada.
Otro caso es la propuesta del proyecto del nuevo aeropuerto de Nasca que también se cruza en esta trama. Comunicados oficiales muestran reuniones entre Bravo y funcionarios de Cultura para viabilizar el proyecto. Sin embargo, el saneamiento de 700 hectáreas alrededor del futuro terminal coincide con terrenos disputados o colindantes a propiedades vinculadas al propio alcalde y empresarios aliados. De concretarse, el aeropuerto no solo conectaría a Nasca con el mundo, sino que también multiplicaría el valor de esas tierras.
La investigación muestra un patrón repetido: proyectos públicos usados como plataforma para beneficios privados. Primero se colocan como promesas políticas, luego BBA gestiona trámites de saneamiento y transferencia de terrenos, y finalmente sus socios aprovechan las áreas liberadas para concesiones mineras o valorización inmobiliaria. La presunta red liderada por Max Benavides combina poder empresarial, respaldo municipal y contactos en el Ministerio de Cultura, en un esquema que amenaza tanto al patrimonio cultural como a la legalidad de los proyectos en Nasca.
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