El presidente de la Federación de Comunidades Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba), Francisco Hernández Cayetano, mostró preocupación por las acciones de la Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas, Nativos y Campesinos (Onajepinc), presidida por Segundo Hernández Villoslada.
Según denunció, esta organización estaría promoviendo el cultivo de la hoja de coca en las comunidades nativas del distrito Mariscal Ramón Castilla, ubicado en la provincia del mismo nombre, en la región Loreto. La denuncia se centra en la posible creación y conformación de una asociación de cocaleros.
Fecotyba es una organización de base de Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Tiene más de 25 años de trayectoria y reúne a 22 comunidades nativas, entre ticunas y yaguas. Desde mediados del 2021 ha sido blanco de una campaña difamatoria por parte de autoridades de la comunidad Cushillo Cocha y de Onajepinc, tal como lo indicó en un comunicado difundido en mayo pasado.
Francisco Hernández Cayetano narró que el lunes 25 de setiembre Onajepinc convocó a una reunión en el auditorio de la subregión Mariscal Ramón Castilla, con las bases de Fecotyba, sin consultar con la directiva.
«Un apu que asistió me comentó alarmado que esta organización está prometiendo conformar una asociación de cocaleros en esta zona. Esto nos desconcertó porque va en contra de todos nuestros esfuerzos de conservar los pocos bosques que nos quedan, debido a la deforestación por el sembrío de la coca, y las quebradas. Muchas están contaminadas por los pozos de maceración», señaló a INFOREGIÓN.
Hernández Cayetano, quien tiene 43 años y es profesor de educación primaria intercultural bilingüe (EIB), sostuvo que los dirigentes de Onajepinc piden financiamiento a los habitantes de las comunidades que visitan.
Además, recaudan fondos para supuestos procesos de titulación. Con esta denuncia, el presidente de la Fecotyba busca alertar a otras federaciones y organizaciones indígenas del método que utiliza Onajepinc para ingresar y causar conflictos en las comunidades, así como de su intención de desprestigiar a Aidesep.
“El pueblo ticuna enfrenta prostitución, drogadicción, alcoholismo y muy pocos jóvenes profesionales. La coca entró a esta zona en 2005. ¿Qué han hecho las familias? Se han dedicado a deforestar los bosques sin ninguna mejora. Y ahora viene esta organización a incentivar la producción de coca”, expresó.
¿Qué se sabe de Segundo Hernández Villoslada?
Segundo Hernández Villoslada se ha manifestado públicamente en contra de la Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial o Ley Piaci (28736). En ese contexto, acusó a Aidesep de respaldar esta norma y de pronunciarse en contra las propuestas legislativas para modificarla, por su interés en obtener beneficios de los bonos de carbono. Aidesep calificó de falsas dichas afirmaciones.
En marzo pasado, la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam), también base de Aidesep, rechazó la intrusión de Onajepinc por atribuirse representatividad de las comunidades de la región San Martín y de usurpar espacios, «sin respetar la estructura orgánica de los pueblos y del movimiento indígena».
Ya en noviembre de 2022, Hernández Villoslada fue uno de los dirigentes denunciados por las autoridades de Chavinillo de convocar a una asamblea no autorizada a pobladores de las comunidades originarias de la provincia Yarowilca, en Huánuco. También fue señalado de no representar a sus comunidades por no haber sido elegido como dirigente. Por otro lado, tiene una postura en contra de la ratificación del acuerdo de Escazú.
Loreto: Cultivo de hoja de coca en Mariscal Ramón Castilla
Mariscal Ramón Castilla se sitúa en un extremo de Loreto. A solo un par de horas de su capital, Caballococha, se encuentra la triple frontera que comparten Perú, Brasil y Colombia, en la cuenca del Amazonas. Esta área concentra la mayor extensión de plantaciones de coca que cualquier otro país, según un informe de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
En 2022, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) reportó un aumento del 18% en la superficie de cultivos de arbusto de coca en producción en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 95 008 hectáreas (ha.). El Bajo Amazonas, que representa el 9.2% del total nacional, vio un incremento del 35% en 2022, llegando a 8725 ha., con un enfoque particular en la zona cercana a la triple frontera.
Además, en territorios habitados por pueblos indígenas u originarios, se observa una tendencia persistente al aumento en la superficie destinada al cultivo de arbusto de coca en producción. Esta área ha crecido significativamente, pasando de 7963 ha. en 2018 a 18 076 ha. en 2022, un aumento del 127%.
Estos territorios representan el 19% de la superficie nacional en ese año, con el 77% de la superficie en comunidades nativas y el 23% en comunidades campesinas. Entre los pueblos indígenas, los Ticuna ocupan el tercer lugar a nivel nacional con 2244 ha., mientras que los Yagua se ubican en el quinto lugar, con 1187 ha.
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