La Libertad: Pagan a contratistas del GR sin que acaben las obras

Contraloría detecta un perjuicio de más de S/ 182 mil en mantenimiento de 19 colegios.

20 de noviembre de 2020






Pese a que faltaban 25 días para que las obras en los colegios públicos sean culminadas, las autoridades de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) dieron conformidad de pago a los servicios de las empresas contratistas, reveló la Contraloría.

Además, la ejecución del servicio de mantenimiento de patios y exteriores de 19 instituciones educativas no contempló las necesidades solicitadas por las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), ni los criterios técnicos normativos, originando un perjuicio económico de S/ 182 mil 200.

Asimismo, en el informe de servicio de control específico N° 033-2020, que comprendió del 2 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2020, se identificó la presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa de cinco funcionarios y exempleados de la referida gerencia regional.

Entre las instituciones educativas afectadas están: N° 80791 “César Vallejo” de Ascope, N° 8079 de El Porvenir, N° 82209 y N° 2306 de La Esperanza, N° 80049 en el distrito de Moche, entre otras, las mismas que garantizan las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad para los alumnos ni docentes.

Por ejemplo, la Grell pidió la instalación de toldeado con parantes de estructura metálica en 14 colegios, pese a que las Unidades de Gestión Educativas Locales nunca la solicitaron. De manera deliberada, los trabajos fueron ejecutados como un “servicio” cuando la norma los describe como una “obra”.

Estos toldos, que supuestamente eran para proteger a la población estudiantil, fueron ubicados en zonas donde los alumnos no realizaban ninguna actividad física, recreativa o académica.

El informe de control posterior, cuyo periodo de evaluación comprendió del 2 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2020, fue notificado a los titulares de la Gerencia Regional de Educación y del Gobierno Regional de La Libertad para el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes contra los exfuncionarios y funcionarios involucrados.

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