Un postulante a colaborador eficaz confesó que recibió fondos ilícitos del ahora alcalde provincial de Chanchamayo, Hermenegildo Navarro Castro, popularmente conocido como ‘el Cumpa’, para financiar construcciones y adquirir propiedades en dicha provincia, según una disposición fiscal que amplía el plazo hasta agosto de 2025 para corroborar estos hechos, los mismos que son parte de una investigación por lavado de activos contra el burgomaestre.
La disposición de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con sede en Lima, señala que el colaborador, identificado con el código 02-2024-2°-FISLAA, reveló que Navarro Castro le entregó fondos de origen ilícito para pagar a trabajadores de la construcción de dos inmuebles: uno en la urbanización El Paraíso (Mz. Ñ, lote 4) y otro en jirón Áncash 441, en La Merced, Chanchamayo.
Además, admitió haber participado en la compra de otro inmueble, ubicado en el jirón Áncash, con la entrega de dinero a América Yolanda Yupanqui Panez de Ríos. La fiscalía también investiga a Amarildo Ángel Contreras de la Cruz, vinculado a estas operaciones, ocurridas entre 2021 y 2023.
Entre el 2019 y 2022, Navarro Castro fue alcalde en el distrito de Perené y en enero de 2023, asumió la alcaldía provincial de Chanchamayo.
La fiscalía programó diligencias clave para mayo de 2025, incluyendo las declaraciones de Elías Erasmo Huayra Cartagena y José Luis Díaz Aclari, quienes deberán aclarar su relación con los investigados y su rol en las construcciones. También se verificará la y adquisición de materiales en ferreterías locales, presuntamente con dinero ilícito.
El proceso, iniciado en abril de 2024, busca confirmar la veracidad de la confesión del colaborador y para ello solicitó información a los registros públicos, EsSalud, el Indecopi y el Ministerio de Trabajo para rastrear propiedades, transacciones y registros laborales de los investigados. Asimismo, indaga movimientos migratorios y posibles remesas de dinero a través de servicios como Western Union.
El caso se enmarca en la Ley N° 31990, que regula la colaboración eficaz y permite prorrogar las investigaciones hasta ocho meses en casos de crimen organizado. Los testigos que no asistan a las diligencias programadas, serán conducidos de manera compulsiva por la Policía Nacional.
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