Luego de ser señalada como la cabeza de una red criminal que operaba desde dentro del Ministerio Púbico, la fiscal de la nación Patricia Benavides reaccionó y en un evidente acto de contraataque presentó esta tarde denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
En la denuncia, también figuran los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, señalados por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. La acción legal se presentó ante el Congreso minutos después de la 1 de la tarde de este lunes, dando inicio a una investigación preparatoria.
En un pronunciamiento público, la fiscal Benavides destacó la formalización de la investigación y señaló la gravedad de los delitos imputados. Enfatizó la importancia de no permitir la pérdida de vidas y el abuso de poder, subrayando la necesidad de actuar conforme a la Constitución y la ley. Asimismo, Benavides rechazó cualquier intento de dañar la imagen de fiscales honestos.
Recordemos que la investigación inicial contra Dina Boluarte abarcaba tres delitos: genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, siendo aprobada el 10 de enero con un plazo de ocho meses. El pasado 7 de septiembre, se amplió excepcionalmente por 45 días, venciendo el 25 de octubre, día en que se anunció una nueva extensión, esta vez por ocho meses más.
Como se sabe, en total, al menos 49 personas perdieron la vida durante las protestas en diversas regiones del país, incluyendo: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Puno, Junín, La Libertad y Lima, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Sin embargo, ha llamado poderosamente la atención, la determinación que muestra hoy la fiscal de la nación Patricia Benavides, al formalizar por fin la denuncia sobre la matanza y presentarla hoy mismo ante el Congreso, en un acto que bien podría evidenciar el cálculo político de sus determinaciones y la institución a la que representa: el Ministerio Público.
VALKIRIA V: EL OPERATIVO DE LA DISCORDIA
Como se sabe, esta madrugada, en una megaoperación sorpresa, el equipo especial de la Policía y la Fiscalía contra la Corrupción del Poder inició una investigación que involucra a la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, junto con tres de sus asesores.
La Operación Valkiria V, como se denominó el caso, ha desencadenado la intervención de 70 agentes policiales y 6 fiscales, quienes han realizado incursiones en inmuebles ubicados en La Molina, Jesús María, El Agustino y el Cercado de Lima.
Las autoridades sostienen que hay suficientes indicios que sugieren la existencia de una presunta organización criminal arraigada en la alta dirección del Ministerio Público.
La investigación revela que esta «cúpula delictiva» en el Ministerio Público buscó evitar la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, utilizando el poder para presuntamente archivar denuncias contra congresistas.
Abel Hurtado Espinoza, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro, asesores de la fiscal de la Nación, habrían intervenido a favor de Benavides ante congresistas, negociando el archivo de investigaciones a cambio de apoyo para mantenerse en sus cargos.
De ellos, Villanueva Barreto ya está detenido. Se había internado voluntariamente en la Clínica San Pablo, manifestando tener complicaciones en su salud. Los médicos, sin embargo, indicaron que su condición no correspondía a un internamiento. Es así que los agentes de la Policía Nacional de la DIVIAC hicieron efectiva la detención preliminar por 10 días que pesaba en su contra.
La trama se complica con la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. La investigación indica que hubo un acuerdo para su nombramiento, ya que presidiría una junta especial para designar nuevos integrantes tras una eventual destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La investigación sugiere que influyeron ilícitamente en la decisión parlamentaria del nombramiento de Gutiérrez, quien, constitucionalmente, presidiría una comisión especial de selección de la JNJ.
Bajo esta red de influencias, se habría promovido la «ilícita inhabilitación» de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación en el Congreso de la República, utilizando un proceso constitucional.
El plan criminal buscaba influir en las decisiones parlamentarias, ofreciendo favores a congresistas a cambio de su respaldo, todo como parte de un programa para mantenerse en altos cargos públicos, anota la investigación.
Las acciones desplegadas, una tras otra, tenían como objetivo someter la institucionalidad del Ministerio Público desde el más alto cargo, según indican las pesquisas.
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