Una nueva «Ley Antiforestal» está cocinándose. Pronto, el Congreso de la República debatirá una iniciativa que podría cambiar las reglas de juego para los bosques amazónicos. Se trata del Proyecto de Ley 09653/2024-CR, presentado por la congresista fujimorista Jeny López Morales y respaldado por otros seis legisladores de Fuerza Popular y bancadas aliadas. El predictamen ya fue aprobado en la Comisión Agraria y está a la espera de su paso al Pleno.
¿De qué trata esta ley? La propuesta crea dos nuevas categorías de uso de la tierra. Por un lado, la Zona Forestal y de Protección Amazónica (ZFPA), donde deberían mantenerse los bosques; y por otro, la Zona Agropecuaria Amazónica (ZAA), que incluye las áreas donde ya no hay cobertura forestal. Es en estas últimas donde se busca permitir otorgar títulos de propiedad y desarrollar actividades agrícolas sin necesidad de estudios técnicos ni autorizaciones ambientales previas. En otras palabras, lo que ya fue deforestado quedaría automáticamente validado, sin control ambiental previo alguno.
¿Qué es el REPAAS y por qué genera dudas?
El proyecto también plantea un régimen especial de formalización llamado REPAAS (Régimen de Promoción de Actividades Agrarias Sostenibles). Este busca formalizar predios con actividades en curso en la Amazonía y regularizar a los agricultores que ya trabajan ahí, incluso si lo hacen en tierras deforestadas sin autorización.
El problema, según especialistas, es la forma en que funcionaría este registro. La inscripción se aprobaría de manera automática, es decir, sin revisión previa. Aunque el texto exige conservar o recuperar un 30% de cobertura boscosa en cada predio, no establece plazos concretos para ese proceso de restitución. Para el abogado ambientalista César Ipenza, esto significa un camino hacia la impunidad:
“Establece una restitución progresiva de cobertura boscosa del 30% del área total del predio, pero esa progresividad no está sometida a plazos y, así como el Reinfo, será un proceso eterno que no tenga fin”.
La fecha que legaliza la deforestación
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la fecha de corte que establece qué se considera bosque y qué no. El texto reconoce como zona forestal las tierras con cobertura boscosa hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que implica que todo lo deforestado antes de esa fecha sería automáticamente catalogado como zona agropecuaria.
Ipenza advierte que esto no solo legitima la deforestación previa, sino que puede tener efectos judiciales: “Si se valida estas deforestaciones ya realizadas, cualquier deforestación ilegal no autorizada simplemente terminaría siendo legalizada y, por ende, todos los procesos penales en curso nuevamente se caerían, pues habría una norma, una ley que las valide o ‘legalice’”.
La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú) alertó que el proyecto incrementará la deforestación. (Foto referencial: FCDS Perú)
Organizaciones indígenas se pronuncian en contra
Mediante un pronunciamiento, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) denunció que la norma solo favorecerá a intereses privados, como el negocio de la palma aceitera, y pone en riesgo sus territorios:
«Esta ley permitirá titular los predios agrícolas supuestamente deforestados sin estudio ni autorización para su uso, contribuyendo a la invasión de los territorios indígenas y permitiendo su despojo sistemático».
Además, la organización recordó que la medida viola el derecho a la consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la OIT. Por ello exigieron al Pleno del Congreso archivar el proyecto y al Ejecutivo observarlo si llegara a aprobarse.
Desde otro frente, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú) alertó que el proyecto “incrementará la deforestación, afectará gravemente los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia climática y pondría en riesgo la seguridad hídrica, alimentaria y sanitaria de millones de personas”.
Una ley que divide posiciones
El proyecto también ha recibido críticas dentro del propio Parlamento. La congresista Ruth Luque lo calificó en su cuenta de X como “una nueva Ley Antiforestal. Una ley a favor de las palmas aceiteras, ley pro deforestación. No es una ley para la Amazonía”. Según denunció, el dictamen fue aprobado en una sesión extraordinaria con 13 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Más allá de la controversia política, especialistas en derecho ambiental señalan que la norma contraviene el artículo 69 de la Constitución, que obliga al Estado a promover el desarrollo sostenible de la Amazonía. Además, debilita la aplicación de la Ley Forestal y Fauna Silvestre (29763), al permitir actividades sin autorización de cambio de uso de tierras con cobertura boscosa.
Aidesep se manifestó en contra del predictamen del Proyecto de Ley 09653/2024-CR impulsado «para favorecer a grupos de palma aceitera con otorgamientos de derechos sin necesidad de autorización de cambio de uso de suelo». (Foto: Aidesep)
¿Formalización o impunidad?
Los defensores del proyecto lo presentan como un mecanismo para dar seguridad jurídica a miles de agricultores amazónicos. Sin embargo, para organizaciones indígenas y ambientales es, en realidad, un camino a la impunidad. Comparan el REPAAS con el Reinfo, el registro de minería informal que se creó en 2012 y que hasta hoy no ha logrado formalizar a la mayoría de mineros, sino que ha servido de refugio para quienes operan al margen de la ley.
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