La Comisión Permanente del Congreso aprobó este miércoles otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar a las congresistas María Acuña Peralta, Rosio Torres, Magaly Ruiz (las tres de la bancada de Alianza para el Progreso) y Katy Ugarte (no agrupada), acusadas de presuntamente recortar el sueldo de sus trabajadores parlamentarios.
REDACCIÓN INVESTIGA
Las cuatro legisladoras son sindicadas de haber cometido el delito de concusión, que consiste en aprovecharse del cargo para exigir una ventaja indebida. Según las denuncias, las parlamentarias habrían obligado a sus empleados a depositar parte de sus remuneraciones en cuentas bancarias de familiares o allegados.
En el caso de María Acuña, hermana del gobernador regional de Libertad, César Acuña, la votación fue unánime, con 19 votos a favor y cero en contra.
Entre las evidencias presentadas contra las congresistas se encuentran audios, conversaciones de WhatsApp y testimonios de los trabajadores afectados. En el caso de María Acuña Peralta, hermana del gobernador regional de La Libertad y fundador de APP, César Acuña, se difundió un audio en el que se le escucha negociar con uno de sus empleados para evitar ser denunciada. El trabajador afectado indicó que solo percibía S/1.000 mensuales como coordinador de la Oficina Descentralizada de Acuña Peralta en Lambayeque, cuando su remuneración debía ser de S/4.000.
En el caso de Magaly Ruíz, congresista por la región La Libertad, fue el extrabajador de su despacho Carlos Marina Puscán quien puso en evidencia el recorte por porcentajes de su sueldo.
Posteriormente, la abogada Cecilia Vásquez, también trabajadora del despacho parlamentaria, denunció que le solicitaron entregar parte de su sueldo y debido a que no accedió recibió presiones, incluso a través de llamadas telefónicas de Martín Namay Valderrama quien hoy es el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad y mano derecha del gobernador César Acuña.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá elaborar un informe sobre las denuncias y presentarlo ante la Comisión Permanente, que decidirá si procede o no una acusación constitucional contra las legisladoras. De ser así, el pleno del Congreso tendrá la última palabra sobre su eventual destitución e inhabilitación.
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