El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, sumó una nueva acusación de difamación en su contra. Esta vez el autor de la denuncia fue el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños.
La querella fue interpuesta por Walter Loja Vega, apoderado de Burgos Mariños, el pasado 6 de octubre ante el Quinto Juzgado Penal Unipersonal (ex liquidador) en la sede Covicorti y se basa en una transmisión en vivo realizada por Fernández Bazán desde su página de Facebook, titulada «Arturo Fernández – Alcalde de Trujillo».
En dicha transmisión, el alcalde Fernández denunció presuntos actos de corrupción y vinculó a Burgos Mariños como miembro de una red mafiosa de corrupción denominada «los Cuellos Blancos del Norte».
Textualmente, dijo: «Mi vida en este momento corre peligro. Responsabilizo a todos estos señores (…) Aquí hay una mafia terrible. Esperemos que la policía brinde seguridad porque si no los señores que están ahí son los responsables. Estos son responsables: Presidente del Poder Judicial…». De acuerdo a la querella, con estas declaraciones, Fernández Bazán habría atacado el honor y prestigio de Burgos Mariños con comentarios injuriosos.
El nuevo proceso legal contra el alcalde de Trujillo se encuentra en su etapa inicial, con el juez Jorge Luis Quispe Lecca encargado del caso y la especialista Karin Silva Salcedo gestionando los detalles administrativos.
Respecto, al estatus de la nueva acusación contra Fernández Bazán, Investiga confirmó que la querella ha sido calificada y admitida a trámite, y se otorgó al alcalde de Trujillo cinco días para presentar sus medios probatorios, en tanto se le impuso la medida coercitiva de comparecencia simple.
La Municipalidad Provincial de Trujillo también ha sido involucrada en este caso como tercero civilmente responsable, y se espera que responda a la querella en el plazo establecido por la ley.
SENTENCIADO Y REINCIDENTE
Anteriormente, el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el delito de difamación agravada contra la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nataly Rojas.
El 20 de junio pasado, el Poder Judicial de La Libertad confirmó esta sentencia y se le impuso al alcalde de Trujillo un año de pena privativa de la libertad suspendida, reglas de conducta como no variar de domicilio y acudir cada 30 días a la sede del Poder Judicial, y el pago de 25 mil soles de reparación civil en favor de la policía agraviada.
Por esta sentencia confirmada, el Consejo Provincial aprobó suspender al alcalde de sus funciones, tal como lo dispone la Ley de Municipalidades. Actualmente, la decisión de su suspensión está en manos del Jurado Nacional de Elecciones.
MÁS JUICIOS…
Pero, no es el único lío judicial de Arturo Fernández. Actualmente está pendiente el inicio de un nuevo juicio en su contra, también por el delito de difamación contra el exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.
En la última cita judicial, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández, nuevamente se presentó sin su abogado, por lo que el titular del Primer Juzgado Unipersonal del Poder Judicial de La Libertad, Daniel Sánchez Pagador, reprogramó una nueva fecha para audiencia que se realizará el próximo 28 de noviembre, a las 10 de la mañana.
Este caso se remonta al 2019, cuando el entonces alcalde de Moche, Arturo Fernández, calificó de “traficante de piezas arqueológicas” y tildó de “corrupto” a Ricardo Morales Gamarra. Ante esto, Morales lo denunció por difamación y ha solicitado se le impongan dos años de prisión y el pago de S/ 100 mil de reparación civil.
Y, TIENE 45 INVESTIGACIONES
El alcalde de Trujillo cuenta, además, con 45 investigaciones en la fiscalía, incluyendo delitos de corrupción y violencia contra la mujer. De acuerdo a lo expuesto por el consejero regional Robert de la Cruz, 16 de las carpetas fiscales se encuentran en etapa de preparatoria y dos con acusación. Mientras que 24 casos están archivados y tres en procesos resueltos.
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