El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se encuentra en medio de una controversia legal, al sumar una nueva querella por difamación agravada. La Primera Sala Penal de Apelaciones ha decidido admitir la denuncia presentada por el primer regidor Mario Reyna.
La querella inicial fue desestimada por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal, pero el regidor Reyna apeló esta decisión. Se le acusa a Fernández de difamar a Reyna a través de publicaciones en Facebook entre marzo y abril, calificándolo de «traidor» y «delincuente».
Las presuntas ofensas habrían ocurrido en cinco fechas específicas: 22, 24, 25, 27 y 29 de marzo, así como el 3 de abril. El regidor denunciante, Mario Reyna, fue quien inicialmente señaló los comentarios difamatorios, dando inicio al caso.
El juzgado inicial no consideró los comentarios como una difamación evidente. Sin embargo, el regidor Reyna apeló esta decisión y el 6 de noviembre, la Sala Superior resolvió, mediante la resolución N° 11 del expediente 02918-2023-0-1601-JR-PE-08, remitir el caso a otro juzgado para nuevas diligencias.
La resolución señala que las expresiones de Fernández en redes sociales fueron «patentemente ofensivas», afectando el honor y reputación de Mario Reyna. La difamación agravada, según el documento, se consuma al perjudicar la imagen del querellante mediante un medio de comunicación social.
Este nuevo desarrollo legal pone a Arturo Fernández en una situación comprometedora, enfrentando consecuencias por presuntas difamaciones. El proceso seguirá en otro juzgado, donde se iniciarán las diligencias correspondientes. La fecha de inicio de estas acciones será determinada por las autoridades judiciales.
LAS QUERELLAS DEL ALCALDE
Esta querella se suma a las interpuestas, también por difamación, por el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, y el exdirector del proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales Gamarra.
Como se sabe, el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, ya ha sido condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el delito de difamación agravada contra la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nataly Rojas.
El 20 de junio pasado, el Poder Judicial de La Libertad confirmó esta sentencia y se le impuso al alcalde de Trujillo un año de pena privativa de la libertad suspendida, reglas de conducta como no variar de domicilio y acudir cada 30 días a la sede del Poder Judicial, y el pago de 25 mil soles de reparación civil en favor de la policía agraviada.
Por esta sentencia confirmada, el Consejo Provincial aprobó suspender al alcalde de sus funciones, tal como lo dispone la Ley de Municipalidades. Actualmente, la decisión de su suspensión está en manos del Jurado Nacional de Elecciones.
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