Puno se ubica entre las cuatro regiones del país con mayor número de denuncias por trabajo forzoso registradas entre 2020 y 2025, junto con Callao, Loreto y Lima, según información del Ministerio de Trabajo que reporta un total de 393 casos de este delito a nivel nacional.
El trabajo forzoso somete a las personas a laborar contra su voluntad mediante amenazas, engaños o abuso de poder, quienes no pueden abandonar libremente su empleo pese a que fueron reclutadas con promesas de buenos sueldos o condiciones dignas que jamás se cumplen en la realidad.
Los sectores donde más ocurre este delito en nuestra región son la extracción de madera en zonas de la Amazonía, trabajo doméstico, minería ilegal, construcción, manufactura y agricultura, espacios donde las víctimas quedan atrapadas sin posibilidad de escapar de sus empleadores abusivos.
Las sanciones penales contra quienes cometen trabajo forzoso van de 6 a 12 años de prisión, pero pueden alcanzar hasta 25 años cuando se trata de casos graves o la víctima fallece, además de multas administrativas de Sunafil que oscilan entre 275 mil y un millón 100 mil soles.
Este delito se identifica por señales como violencia o amenazas contra el trabajador, servidumbre por deudas impuestas de forma abusiva, restricción de la libertad de circulación, retención de documentos personales como el DNI o falsas promesas laborales que nunca se concretan.
La Constitución Política del Perú y el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo prohíben esta esclavitud moderna cuya lucha se conmemora cada primero de febrero, fecha que nos recuerda la necesidad de estar alerta ante cualquier situación laboral sospechosa en nuestra región.
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