En el corazón del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la tierra donde el aroma del café y el sudor campesino aún sostienen a miles de familias, el eco de las balas ha reemplazado al canto de los gallos.
Los enfrentamientos armados entre las fuerzas del orden y presuntos narcotraficantes o remanentes subversivos como los Quispe Palomino ya no son noticias aisladas. Son parte del paisaje diario. Los distritos como Vizcatán del Ene se han vuelto el escenario de una guerra silenciosa y desproporcionada, donde los más afectados no son los combatientes, sino las comunidades.
Hace apenas unos días, mientras los vecinos de Alto Mantaro, Valle Hermosa y Valle Manantial debatían sus necesidades básicas en reuniones comunales, la paz se rompió con un zumbido en el cielo. Helicópteros militares sobrevolaban bajo, seguidos de ráfagas y explosiones.
Por tierra, se reportaban movimientos de tropas y enfrentamientos con presuntas columnas armadas. Los testimonios se repiten. Agricultores, madres, maestros: todos coinciden en que las operaciones militares no avisan, no protegen, y no diferencian.
“Aquí no vivimos en el Vraem, sobrevivimos en el Vraem”, comentó una fuente a Jornada.
Operativos sin coordinación y la amenaza constante
Con respecto a ello, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que el reciente operativo en Alto Mantaro tenía como objetivo una columna armada vinculada al clan Quispe Palomino.
El intercambio fue intenso. Un helicóptero del Ejército fue impactado por disparos de ametralladora PKT, presuntamente robada de Huancavelica años atrás. Aunque se incautaron documentos subversivos y municiones, varios miembros del grupo lograron escapar por la espesura de la selva.
Mientras tanto, los pobladores observaban desde sus chacras cómo las balas pasaban cerca de sus casas, escuelas y cultivos. En algunos sectores, los enfrentamientos se dieron a escasos metros de instituciones educativas. El temor crece entre los padres, que ya no saben si enviar a sus hijos a estudiar o protegerlos en casa.
La marcha por la paz y la dignidad
Cansados del abandono y del miedo, la población de Vizcatán del Ene organizaron una marcha pacífica hacia Pichari. Su pedido fue claro: que el Gobierno escuche y respete sus derechos, que se detengan los operativos sin coordinación, y que se reubiquen las bases militares lejos de zonas pobladas.
“No estamos en contra del Ejército ni de la Policía. Queremos vivir en paz. Somos agricultores, no enemigos del Estado”, expresaron.
Narcotráfico, violencia e impunidad
La problemática del Vraem es compleja. El narcotráfico ha echado raíces profundas, convirtiéndose en una fuente de poder, violencia y corrupción. En esta lucha por el control del territorio, el Estado y los grupos criminales libran una guerra en la que los civiles quedan atrapados, sin protección ni justicia.
La Defensoría del Pueblo ha intervenido solicitando al Ejecutivo que respete los derechos humanos y proponga la reubicación de bases militares en lugares no habitados. No es la primera vez que suceden incidentes similares. En cada ocasión, las víctimas son las mismas: familias humildes, pueblos olvidados.
¿Qué acciones pueden traer la paz al Vraem?
Expertos en derechos humanos y desarrollo rural coinciden en que no basta con operativos armados. Para pacificar el Vraem se necesita: Coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades antes de cualquier intervención armada. También la presencia del Estado con servicios básicos como salud o educación.
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