La controversia vuelve a cercar a Dina Boluarte. Apenas meses después de dejar Palacio tras una destitución por incapacidad moral, la exmandataria ha solicitado al Congreso activar la pensión vitalicia y el paquete completo de beneficios reservados para expresidentes. La petición no solo reaviva el debate sobre los privilegios del poder, sino que expone una arquitectura legal hecha a la medida de quienes la diseñan: amplia en derechos, estrecha en controles.
Los privilegios que exige Boluarte
Según la normativa vigente, Boluarte podría acceder a un abanico de prerrogativas que van mucho más allá de una pensión: vehículo oficial, combustible mensual asegurado, personal administrativo contratado bajo la modalidad CAS y un equipo de seguridad pagado por el Estado. A ello se suma la continuidad del seguro de salud privado obtenido durante su gestión. De acuerdo con especialistas en gestión pública, estos beneficios —públicos y permanentes— se mantienen incluso para una presidenta retirada en medio de polémicas políticas, salvo que una acusación constitucional aprobada disponga su suspensión.
Un vacío normativo clave
El detalle clave es que nada en la ley impide a Boluarte recibir estos privilegios pese a su abrupta salida del cargo. Este vacío normativo, que no distingue entre un expresidente que culmina su mandato y otro removido por incapacidad moral, vuelve a poner sobre la mesa la falta de estándares éticos en el diseño institucional peruano.
El Congreso, además, tiene en sus manos la decisión más sensible: definir el monto de la pensión. El antecedente inmediato es el incremento del salario presidencial a 35.568 soles, aprobado durante la propia gestión de Boluarte. Aunque es improbable que el Legislativo iguale esa cifra como pensión vitalicia, el solo hecho de que la opción exista revela la desconexión entre la realidad fiscal del país y los beneficios heredados por las élites políticas.
El pedido de Boluarte, más allá de la legalidad, toca un nervio social especialmente expuesto: un Estado que exige sacrificios a la ciudadanía mientras mantiene privilegios de por vida a quienes dejaron el poder entre cuestionamientos. La pregunta ya no es solo qué dice la ley, sino qué dice de nosotros seguir sosteniendo leyes que normalizan la desigualdad institucional.
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