Renato Sandoval González
rsandoval@investiga.pe
¿Cómo en tan poco tiempo pueden ocurrir continuos hechos irregulares en la administración pública? Por ejemplo, en un reciente informe elaborado por la Contraloría General de la República sobre el control concurrente en los entes públicos durante la emergencia sanitaria por Covid-19, se ha puesto en evidencia diversas maniobras que merecen una posterior fiscalización.
El documento detalla cinco puntos, donde los auditores detectaron que el uso de los recursos públicos tenía un manoseo que colinda con el delito. Pero, lo que más escozor causa es que mientras miles de peruanos padecían por la falta de recursos, otros, en el sector estatal, se aprovechaban de la situación de emergencia.
Al inicio nomás, la Municipalidad Provincial de Trujillo, cuando Daniel Marcelo era el alcalde, cometió serias irregularidades al momento de repartir las canastas con víveres a las personas más necesitadas. Así, en la lista de beneficiarios se pudo observar a menores de edad, gente con el mismo domicilio y un padrón desactualizado.
En los centros hospitalarios también ocurrieron vicios en la administración de los recursos. En el Hospital Belén de Trujillo tenían mascarillas que habían vencido hace más de un año, pero igual fueron repartidas. Esto, sin duda, expuso la vida de sus trabajadores y de los pacientes ante el virus.
Un hecho gravoso ocurrió en el Hospital Regional Docente de Trujillo, el centro referencial Covid-19 de La Libertad. En sus ambientes eran apilados los restos de las personas que habían perdido la batalla contra el virus. Uno tras otro, en bolsas negras, eran embalsamados los cadáveres por tiempos no adecuados para su tratamiento.
Además, en dicho centro referencial se sobrepasó la capacidad de camas de atención, lo que reveló un mal planeamiento de la estrategia para albergar a los pacientes. A esto se sumó el desabastecimiento de ciertos medicamentos para el tratamiento contra el coronavirus.
Quienes estuvieron en peores condiciones por su situación legal fueron los reos del penal El Milagro. Solo cuentan con un médico para atender a 5,555 internos; peor aún, el galeno no tiene mascarillas N95 para el manejo pacientes con Covid-19.
En la Policía, no solo los medios de comunicación revelaron hechos irregulares en el proceso de adquisición de los equipos de protección personal. El órgano de control institucional también descubrió anomalías en la repartición de mascarillas en la comisaría La Familia en Trujillo.
Y así podemos continuar con un sinfín de acciones inconcebibles en la administración pública en tiempos de pandemia, donde los controles institucionales son vitales para conducir los recursos de todos los peruanos.
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