La región Ica se ha convertido en una de las tres zonas del país con mayores ingresos por canon minero. Según la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), en 2025 el Gobierno Regional y las municipalidades de Ica dispusieron de alrededor de S/769 millones provenientes de esta actividad, solo por detrás de Áncash y Arequipa.
Sin embargo, a pesar de los millonarios recursos, la región no ha logrado ejecutar ni la mitad del presupuesto disponible en los últimos años.
El auge minero en Ica se explica por un contexto favorable. La región es la única productora de hierro del Perú y también extrae cobre, cuyo precio internacional alcanzó niveles récord este año. Gracias a ello, el sector minero representa el 20% del PBI regional y más del 57% del valor de las exportaciones, consolidando a Ica como un motor de crecimiento económico. Pero este avance no se ha traducido del todo en obras ni servicios para la población.
La región Ica apenas ejecuta el 50% del presupuesto del canon minero en los últimos 10 años
El economista de REDES, Gustavo Meza, explicó que el canon minero ha fortalecido las posibilidades de inversión pública, pero que la ejecución promedio en la última década apenas llega al 55%. Esto significa que una parte significativa del dinero que ingresa a la región no se convierte en obras culminadas ni en mejoras sostenibles para los ciudadanos.
El canon minero proviene de una porción de los ingresos generados por las empresas extractivas, que se transfiere directamente a las regiones donde operan. Estos fondos solo pueden destinarse a proyectos de inversión pública, como colegios, hospitales, carreteras y obras de saneamiento.
En Ica, parte de este dinero ha financiado el mejoramiento del colegio N° 22489 en Paracas, la construcción del Mercado Modelo Virgen de Fátima en Vista Alegre, la ampliación del sistema de alcantarillado en Changuillo y la rehabilitación de la carretera entre Salas y Pueblo Nuevo, beneficiando a más de 286 mil iqueños.
A pesar de estos avances, el principal problema está en la falta de capacidad técnica de las autoridades locales. Muchos municipios, especialmente los rurales, no cuentan con personal capacitado para formular expedientes técnicos, gestionar licitaciones ni supervisar correctamente las obras. Según Meza, esta debilidad administrativa, sumada a la alta rotación de funcionarios, provoca retrasos constantes y una baja eficiencia en el gasto.
El especialista advierte que el verdadero reto no está solo en cuánto dinero recibe Ica, sino en cómo convertir esos recursos en bienestar real. Si bien la minería ha impulsado la economía regional, el impacto social aún es limitado. “El desafío es transformar la riqueza minera en desarrollo sostenible. Se necesita fortalecer la planificación y la eficiencia de la gestión pública para que cada sol invertido se traduzca en mejores condiciones de vida”, sostuvo Meza.
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