La minería ilegal en Pataz, región de La Libertad, ha convertido esta zona rica en minerales en un infierno subterráneo. La disputa por el control de las minas auríferas no solo alimenta una economía criminal millonaria, sino que deja a su paso decenas de muertos y desaparecidos. El Estado parece ausente donde más se necesita una presencia firme y decidida.
Una investigación de El Comercio revela la existencia de una nueva fosa común con al menos cinco cadáveres en el anexo Santa María. La escena, relacionada al criminal detenido ‘Cuchillo’, confirma un patrón sistemático de exterminio. La minería ilegal no solo destruye el ambiente: sepulta cuerpos y evidencia la completa erosión del Estado de derecho en esta zona olvidada por el poder central.
Los cuerpos fueron hallados tras un reporte de la minera Poderosa, que detectó olores fétidos en una chimenea minera. A pesar del descubrimiento en octubre de 2024, los cadáveres aún no han sido retirados. La descoordinación entre Fiscalía, Policía y Medicina Legal es vergonzosa. Esta inacción institucional perpetúa el dominio criminal y revictimiza a las personas asesinadas, que ni siquiera han podido ser dignamente identificadas.
Las bocaminas donde se encontraron los cuerpos eran controladas por Miguel Rodríguez Díaz, ‘Cuchillo’, vinculado al asesinato de 13 trabajadores de R&R y detenido en Colombia. En la zona, se hallaron libretas con turnos, armas y vigilancia, reflejando el nivel de organización criminal. La captura del cabecilla no basta si no se desmantelan las estructuras que garantizan su continuidad. La impunidad parece enquistada en la sierra de La Libertad.
Aunque el Ejecutivo eliminó la sucesión en el Reinfo, la demora en regular la minería artesanal continúa. El Congreso aún no aprueba una ley efectiva. Exautoridades y analistas coinciden: sin inteligencia articulada y acciones concretas, el oro seguirá manchado de sangre. Mientras las autoridades se dilatan, la violencia en Pataz avanza y el número de cadáveres olvidados sigue aumentando.
