Siete regidores de la Municipalidad Provincial de Ica están bajo cuestionamientos tras haber aprobado el cambio de zonificación de terrenos agrícolas a industriales, lo que permitió el ingreso de la empresa Tengda Perú Cerámica SAC, una compañía de capital chino que inició la construcción de su planta sin contar con permiso ambiental ni licencia de funcionamiento.
La polémica se reactivó este fin de semana durante una audiencia descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso, celebrada en la sede del Colegio Médico de Ica. A pesar de haber sido citados, los regidores involucrados no asistieron, lo que fue interpretado como un intento de evitar responsabilidades. La presidenta de la comisión, Tania Ramírez, advirtió que podrían ser llamados al Congreso para explicar el procedimiento que favoreció a la empresa extranjera.
Ingrid Ramos Oré, única regidora presente en la sesión, denunció que la aprobación del cambio de zonificación se dio sin informe favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano ni estudio de impacto ambiental, elementos requeridos por ley. La votación fue promovida por el regidor Carlos Ponce Aparicio, con el respaldo de Leydy Loayza Mendoza, Nélida García Ramos, Jorge Hinostroza Alejo, Paúl Astohuamán Junes, Ana Huarcaya Pampañaupa y José Luis Escate Espinoza. En contra votaron seis regidores.
La empresa Tengda, que invirtió aproximadamente US$60 millones, se instaló en el distrito de Salas Guadalupe, una zona originalmente agrícola. A pesar de operar sin autorización, logró inscribirse en Registros Públicos en 2022, y un año después inició las obras. En paralelo, contrató como asesor legal a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República Dina Boluarte, lo que generó suspicacias por un posible conflicto de intereses.
Durante la audiencia, un grupo de personas de Salas Guadalupe supuestamente fueron llevados para exigir la apertura de la planta, alegando que generaría hasta 3,000 empleos. Argumentaron que las agroexportadoras locales ofrecen trabajo temporal y precarias condiciones laborales, mientras que Tengda les promete empleo estable en turnos rotativos. Sin embargo, estas manifestaciones son lo opuesto a las denuncias por maltrato laboral y explotación hacia la empresa.
Sociedad de industrias rechaza a la empresa china Tengda
El gremio empresarial también ha expresado preocupación. En diciembre de 2024, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) denunció públicamente que Tengda violó leyes ambientales y urbanísticas, iniciando obras sin permisos ni evaluación ambiental. Produce rechazó su solicitud de evaluación al constatar que la planta ya estaba construida, y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) multó a la empresa con 20 UIT por uso indebido del agua de un pozo con licencia agrícola.
En el fondo del conflicto, subyace una crisis hídrica creciente en la región. Ica enfrenta una sobreexplotación del acuífero subterráneo, con un desbalance de 145 millones de m³ anuales, según datos de la Autoridad Nacional del Agua. El uso indiscriminado de este recurso, tanto por agroexportadoras como por industrias no reguladas como Tengda, agrava la situación.
El caso continúa escalando a nivel político y social, mientras crece la presión para que el Congreso actúe frente a una posible red de corrupción y falta de fiscalización, que permitió a una empresa operar al margen de la ley en una de las regiones más estratégicas del país.
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