El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ha solicitado al Estado peruano una pensión económica y otras prerrogativas como seguridad y combustible, alegando que le corresponden por haber ejercido la jefatura del Estado, confirmó este lunes su abogado Elio Riera.
«Por la pensión que corresponde como exmandatario, (pide) lo que se encuentra regulado, y la seguridad del Estado que también corresponde», indicó Riera, señalando además que a Fujimori le corresponderían «por extensión, vales de combustible».
Fujimori abandonó en diciembre pasado la prisión donde cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad luego de que el Tribunal Constitucional restableció el indulto que le otorgó en 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Medios de la capital informaron que Fujimori ha enviado una solicitud al Congreso para que se le entregue la pensión de 15.600 soles mensuales (4.182 dólares o 3.890 euros) que, por ley, corresponde a los exmandatarios.
Riera comentó que esa solicitud debe ser revisada por el área de logística del Congreso en un plazo de 30 días y que, si la resolución es negativa, estudiarán «la posibilidad de presentar una reconsideración».
«Está amparado en la ley, y si la ley lo permite no es ilegal», sostuvo Riera antes de decir que Fujimori actualmente obtiene ingresos por la «promoción y venta de sus libros y la pensión como jubilado» por haber sido rector.
Sin embargo, medios locales recordaron que en diciembre pasado la Procuraduría informó que Fujimori tiene una deuda por reparación civil de 57 millones de soles en tres casos por los que fue condenado: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
Al respecto, su abogado comentó que esa deuda aún está en discusión porque ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y que considera que Fujimori no debe pagarla.
La solicitud de Fujimori ha generado controversia, pues mientras algunos consideran que tiene derecho a los beneficios como expresidente, otros cuestionan que los reclame tras haber sido condenado por graves delitos.
La decisión final recaerá en el Congreso, que deberá analizar si procede otorgar los beneficios solicitados o si existen impedimentos legales para ello, dada la condena previa de Fujimori.
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