Un equipo de fiscales y policías allanó cerca de la medianoche del viernes la vivienda de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en búsqueda de relojes de lujo. Posteriormente, ingresaron al Palacio de Gobierno de Lima alrededor de las 4:30 a.m. del sábado para continuar con las diligencias de una investigación abierta contra la mandataria.
Los fiscales anticorrupción y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú arribaron a la sede gubernamental tras permanecer más de cinco horas en la casa de Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo. Tanto fiscales como policías señalaron que la investigación es reservada.
El ingreso a la vivienda de Boluarte y al Palacio de Gobierno se realiza como parte de una investigación preliminar abierta el 18 de marzo contra la presidenta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Los fiscales buscaban registrar e incautar los relojes de lujo que, según medios locales, Boluarte usó y supuestamente no declaró como patrimonio.
En la casa de la gobernante, la diligencia duró más de cinco horas, y los agentes de la Diviac rompieron la cerradura de la puerta principal al no ser atendidos. Mientras tanto, la calle donde se encuentra la vivienda de Boluarte fue cercada por un numeroso contingente policial.
Alrededor de la 1:30 a.m. del sábado, llegaron al Palacio de Gobierno los vehículos del primer ministro, Gustavo Adrianzén, del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzalez-Olaechea, y del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. Adrianzén declaró estar «indignado» por el allanamiento, calificándolo como «un intolerable atropello a la dignidad de la presidencia».
El primer ministro agregó que «no es posible» ser testigos de «acciones absolutamente desproporcionadas y cuando no inconstitucionales», ya que la gobernante está protegida por la inmunidad que otorga su cargo. Aseguró que Boluarte «en todo momento ha presentado su colaboración al Ministerio Público» y que actualmente está en la residencia del Palacio de Gobierno.
El pasado miércoles, la Fiscalía denunció que se frustraron las visitas a la gobernante, tanto en su domicilio como en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, la Presidencia aseguró que representantes del Ministerio Público fueron atendidos por personal del despacho de Boluarte, quienes recibieron una notificación para la mandataria.
No obstante, el fiscal supremo Hernán Mendoza declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria «había frustrado» las investigaciones al no acudir a las citaciones hechas para el martes y miércoles de esta semana. Boluarte señaló la semana pasada que estaba comprometida a acudir a la Fiscalía para responder sobre esta investigación y dijo que no tiene ninguna irregularidad patrimonial.
ENTORNO DE BOLUARTE CUESTIONA DILIGENCIA
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que es «inconstitucional y desproporcionado» el allanamiento al Palacio de Gobierno y al domicilio de Boluarte. Indicó que lo sucedido «son acciones desproporcionadas e inconstitucionales» que afectan a las inversiones y al país.
Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que el allanamiento muestra el «resquebrajamiento del sistema democrático y la constitucionalidad». Detalló que más de 20 policías y 20 fiscales se presentaron en el domicilio de Boluarte y en el Palacio de Gobierno, calificando la medida como «desproporcionada, inconstitucional e ilegal».
El abogado Mateo Castañeda, defensor de Boluarte, se mostró «absolutamente sorprendido» por el allanamiento, considerándolo «injustificado» y «desproporcionado». Cuestionó la movilización de tanto personal fiscal y policial solo para la búsqueda de unos relojes, en referencia a los Rolex cuyo origen investiga el Ministerio Público.
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