Mandataria puede salir librada si se determina que hechos fueron casos aislados y que los únicos responsables son los mandos militares, policiales o terceros
REDACCIÓN INVESTIGA
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides ordenó el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa, y el exministro del Interior César Cervantes, entre otros, para esclarecer las muertes de 28 civiles, por disparos presuntamente provenientes de efectivos del Ejército y la Policía Nacional, durante las marchas de diciembre de 2022.
También, está comprendido el expresidente del Consejo de Ministros durante las protestas y el establecimiento del Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, Pedro Angulo.
Esta investigación nace a partir de la denuncia que los abogados Abimael Méndez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba presentaron ante la fiscalía de derechos humanos, interculturalidad y terrorismo de Ayacucho, contra la presidenta Boluarte, el ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y los ministros Alberto Otarola (Defensa) y César Cervantes (Interior).
La denuncia también comprende a los altos mandos policiales, entre ellos el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, general PNP Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, general EP Jesús Vera Ipenza, entre otros.
Búsqueda de información
Al iniciar diligencias preliminares, el despacho de la fiscal de la Nación recabará información pública y de los organismos estatales que permitan tener una información clara y detallada sobre lo ocurrió durante la represión de las marchas que se desarrollaron en Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y otras regiones del país, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.
Las fuentes del Ministerio Público no descartan que se llame a declarar a los jefes militares y policiales que estuvieron al mando de los efectivos que tenían el control estatal en las zonas donde se produjeron las muertes violentas.
Esta indagación preliminar puede durar hasta un máximo de 60 días. De acuerdo con los hallazgos y la información que se recabe, la fiscal de la Nación dispondrá el inicio de investigación preliminar o preparatoria contra la presidenta Dina Boluarte o alguno de los ministros involucrados.
También puede concluir que los hechos fueron aislados, que los únicos responsables son los mandos militares, policiales o terceros a cargo del control ciudadano y que no hay motivos para investigar a la presidenta de la República, por lo que lo archivará en este aspecto.
FUENTE: Diario La República
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