El exjefe de la VI Región Policial de Junín, el general Gregorio Villalón Trillo, pagó 20 mil dólares a la presunta red criminal liderada por el exministro del Interior Juan José Santivañez para evitar su pase al retiro a fines del 2024 y mantenerse en actividad. Así lo revela la Resolución Judicial que autorizó a la Fiscalía el allanamiento a su vivienda, vehículos y el levantamiento de sus secretos bancario y de comunicaciones.
De acuerdo con la decisión judicial, a fines de diciembre de 2024, en una reunión en el estudio jurídico del abogado Percy Tenorio Gamonal, allegado a Santivañez, se decidía qué generales serían invitados a retiro y quiénes permanecerían en la institución.
En dicha reunión, el operador de la presunta red, Marco Antonio Palacios Meza, recibió una llamada de Santivañez. En altavoz, el entonces ministro del Interior preguntó: “¿Villanueva o Villalón?”, en referencia a cuál de los generales, David Villanueva Yana o Gregorio Villalón Trillo, debía continuar en actividad.
Percy Tenorio intervino en la llamada y recomendó a Villalón, argumentando que era de su promoción en la PNP y que podía apoyarlos en las actividades ilícitas de la red criminal. Santivañez aceptó la propuesta, pero solicitó a través de Tenorio el pago de 20 mil dólares.
“(…) en una reunión en el estudio jurídico ‘Tenorio’, en el contexto de la decisión de los generales que pasaban al retiro y los que continuaban en actividad, Marco Palacios Meza recibe la llamada de Juan José Santivañez Antúnez (…) intervino en la llamada en altavoz Percy Alberto Tenorio Gamonal indicándole a Juan José Santivañez Antúnez que tenía que permanecer en calidad de general Gregorio Martín Villalón Trillo (…) Para efectos de la permanencia (…) este último pagó la suma de $20,000.00 (veinte mil dólares) a Juan José Santivañez Antúnez (…)”, indica el testimonio del colaborador eficaz consignado en el documento judicial.
Por este hecho, la Fiscalía le imputa a Santivañez el delito de cohecho pasivo propio, por solicitar y recibir un beneficio indebido a cambio de mantener en el cargo a un general.
Villalón también cobró coima
La imputación fiscal indica que el general Gregorio Villalón, aprovechando su cargo como director de Medio Ambiente de la PNP, habría organizado y ejecutado un operativo policial ilegítimo para recuperar la mina El Dorado, en Ayacucho, a favor del empresario Franco Parodi, a cambio de una contraprestación económica.
El abogado Percy Tenorio le habría solicitado a Villalón organizar un operativo de fiscalización ambiental para desalojar a mineros informales que ocupaban la concesión de Parodi, con conocimiento de Santiváñez, y también recibió parte de los sobornos.
“Parte de los $60,000 (sesenta mil dólares) lo repartió con Gregorio Martín Villalón Trillo, a quien le hizo entrega en un sobre manila la suma de $20,000 (veinte mil dólares) en las oficinas del Medio Ambiente ubicadas en Av. Las Artes Norte N.º 210, San Borja – Lima (…). Aunado a ello: (…) Percy Tenorio Gamonal mencionaba que correspondía ser entregados parte de los $100,000 (cien mil dólares) de forma efectiva a [entre otros] (…) Gregorio Martín Villalón Trillo (…)”, narra el colaborador eficaz.
El testigo clave también señaló que el 19 de diciembre de 2024, Villalón dispuso que 15 efectivos policiales en tres camionetas se desplazaran a la mina en Ayacucho para ejecutar el operativo.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputa a Villalón el delito de cohecho pasivo impropio, que se configura al recibir un beneficio económico por actuar u omitir actos inherentes a su cargo, en este caso organizar el operativo, además del delito de organización criminal.
Relación con Vladimir Cerrón
Según testimonios recogidos por la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gregorio Villalón Trillo figura entre los generales señalados de haber colaborado en la presunta fuga de Vladimir Cerrón en enero de 2024, del condominio Mikonos, de las playas de Asia, en Lima, justo cuando ocurría una operación policial para capturar al prófugo líder de Perú Libre.
El exjefe de la DINI, Roger Aristan (ya fallecido), señaló en dicha comisión que “desde la Policía se filtró información sobre los operativos de captura”, lo que permitió que Cerrón fuera trasladado del condominio Mikonos, en el balneario de Asia.
Incluso el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, reconoció públicamente que “hubo fuga de datos internos” antes del allanamiento en la zona, lo que frustró hallar a Carrón.
Esta huida de Cerrón se conoce como el Caso Cofre, porque para ello se habría usado el vehículo presidencial, destinado al uso de la mandataria Dina Boluarte; hecho que también es investigado por la Fiscalía, aunque paralizado por la reciente decisión del Tribunal Constitucional, hasta el final de su mandato.
En su momento, el general Gregorio Villalón Trillo negó estar involucrado en esta filtración de información.
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