Miembros de las rondas campesinas llegaron hasta los exteriores del Poder Judicial de Piura para exigir la liberación de tres integrantes detenidos desde el pasado 10 de noviembre. Los dirigentes sostienen que los ronderos fueron encarcelados pese a haber acudido voluntariamente a ponerse a derecho.
Los detenidos, identificados como Ernesto Valladolid Inga, Santos Pasache Ramos y Santos Julio Rubio Maza, enfrentan un proceso por hechos del 2016, cuando intervinieron a un abigeo en ejercicio de sus funciones comunales. Según el expediente, el intervenido reconoció los hechos y firmó un acta, pero luego los denunció por presuntos delitos de secuestro y coacción.
Santos Montalbán Castillo, presidente de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura, explicó que ya se estaban realizando las diligencias para liberar a tres de las cinco ronderos procesados y detenidos que no asistieron a una audiencia programada en julio, por lo que fueron declarados reos contumaces.
“Están cursando el oficio a la policía de Chulucanas para que los tres compañeros puedan recobrar su libertad. Lo que ha decidido el colegiado es que a todos se les reprograme para la misma fecha, entonces la audiencia de instalación de juicio oral es el día 6 de mayo de 2026 donde van a ya quedaron debidamente notificados”, indicó
Montalbán señaló que esperan que el Poder Judicial reconozca plenamente la jurisdicción especial que ejercen las rondas campesinas, amparada en el artículo 149 de la Constitución. Afirmó que aún existen magistrados que desconocen este marco legal.
“Somos otro sistema de justicia que coexiste en el Perú, y hay quienes todavía creen que solo la justicia ordinaria puede impartir justicia, cosa que no es así. La justicia rondera tenemos reconocimiento constitucional”, indicó.
El dirigente agregó que el colegiado debe activar el protocolo de actuación correspondiente cuando el procesado es miembro de la justicia comunal. Este mecanismo —explicó— no otorga privilegios, sino que reconoce que los ronderos cumplen funciones jurisdiccionales con respaldo constitucional y normativo.
Montalbán también denunció que existe una campaña permanente de criminalización contra quienes dirigen las organizaciones de rondas campesinas. Sostuvo que, en lugar de reconocer su aporte en zonas donde el Estado no tiene presencia, algunos operadores de justicia abren procesos que distraen su labor y generan desgaste económico.
“Hay una persecución a quienes dirigimos la organización de las rondas. Mientras más aportamos a la seguridad y la convivencia social, el Estado nos persigue con procesos que nos hacen perder tiempo y dinero”, cuestionó.
El presidente de las rondas, señaló que esperan que el Poder Judicial actúe conforme a ley y permita que los ronderos enfrenten el proceso en libertad. También llamó a fortalecer la organización social frente a la inseguridad creciente en la región.
“Tenemos rondas urbanas en 26 de Octubre que están haciendo un buen trabajo. Y podemos articular con la Policía, gobiernos locales, Serenazgo y Ministerio Público para una lucha frontal contra la delincuencia”, finalizó.
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