«Me sancionan de manera forzada, en combinación con partidarios del APRA», afirmó la fiscal de la Nación recientemente suspendida, Delia Espinoza. Explicó que esto ocurre porque la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le ordenó a ella -y no a la Junta de Fiscales Supremos, como correspondía- restituir a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, generando un supuesto desacato de ella exclusivamente.
Añadió que, ante esa comunicación, remitió dos oficios a la JNJ preguntando cómo debía ejecutar esa orden, dado que la Junta es la única competente para designar un fiscal de la nación. No obtuvo respuesta. Así, su interpretación es que el objetivo de la JNJ era responsabilizarla individualmente, pese a que ella no podía decidir sobre el tema. Incluso, habiendo consultado a la Junta de Fiscales Supremos, la decisión fue que se mantuviera en el cargo que legítimamente venía ejerciendo por decisión autónoma del Ministerio Público.
Medida cautelar en curso presentada por Delia Espinoza
Espinoza relató que una medida cautelar, dentro de un proceso de amparo para que no la suspendan de manera irregular, fue inicialmente rechazada en el Poder Judicial por un juez constitucional. Sin embargo, una sala superior le ordenó revisar la decisión.
Por esta razón, dijo que mantiene la esperanza de que la legalidad prevalezca por acción del Poder Judicial. Sin embargo, adelantó que ella acatará la decisión procediendo a la entrega del cargo. En este caso, al fiscal más antiguo de la Junta, Pablo Sánchez.
La Junta de Fiscales Supremos debe evitar el atropello
En otro momento, advirtió que la Junta de Fiscales Supremos debe evaluar el cumplimiento de esta suspensión de manera autónoma. «Yo confío en que ellos sabrán decidir. En sus manos está el acatar, o no, esta decisión inconstitucional», dijo mencionando que de no ser cuestionada el mismo atropello puede ocurrir con cualquier otra institución autónoma.
Añado que la pregunta acá es «si es correcto que la JNJ imponga una autoridad que no tiene» y si eso va a ser convalidado por los fiscales supremos. A la pregunta de cómo podría suceder esto si la Junta la integran también Patricia Benavides y Tomás Gálvez, quienes se han manifestado proclives a las decisiones de la JNJ y del Congreso de la República, respondió que esto demostrará también sus prioridades.
Y en relación a los integrantes de la JNJ, señaló que «tarde o temprano, los señores que están cometiendo delitos va a responder a la justicia», afirmó.
«Es ilegal que retiren a Távara de la votación»
Sobre la «abstención» resuelta por la JNJ de Francisco Távara en la votación que decidió suspender a Delia Espinoza, dijo también que es irregular. La abstención, como su nombre lo indica, es una decisión personal de cada integrante de no participar en un proceso en el cual tenga algún conflicto de interés, por una motivación ética. Nadie puede «abstener» a otro, pero es lo que ha sucedido. Por eso, instó a Francisco Távara a hablar con la verdad públicamente y no se sume al silencio.
Igualmente, dijo que Gino Ríos Patio, presidente de la JNJ, terminó blindado por la propia Junta, pese a que ejerce el cargo de manera irregular por tener sentencia de violencia familiar. También señaló que esto se originó durante la selección de integrantes de la JNJ, responsabilizando a quienes no cumplieron su deber de revisar los antecedentes de los postulantes, o los dejaron pasar.
Delia Espinoza: «Son órdenes de la presidenta»
«En anteriores ocasiones, nunca se les ha retirado el resguardo policial por completo a otros funcionarios. Yo le envié un oficio al ministro del interior, Carlos Malaver, para que mantenga el resguardo a mi integridad personal y mi vida», señaló.
Sin embargo, señaló que no tiene miedo y continuará en su lucha contra las «mafias que se encuentran en el poder». Añadió que, de manera indebida, se vienen difundiendo sus datos de domicilio, lo que pone en riesgo a su familia.
Y sobre la posible participación de Fuerza Popular, partido para el que Espinoza ha pedido el retiro de su inscripción como partido político, no lo descartó. Añadió que su expediente documenta fehacientemente sus acciones en contra de la «tolerancia, respeto mutuo, no promover la violencia, entre otros» y recordó antecedentes y jurisprudencia en relación al caso del partido de Antauro Humala.
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