Exmandatario pretendió dar un golpe de Estado y ahora enfrentará graves consecuencias judiciales. Fue intervenido por la Policía Nacional cuando se dirigía a sede de Prefectura de Lima. Permanece detenido
REDACCIÓN INVESTIGA
A sus 60 años, Dina Ercilia Boluarte Zegarra se convirtió, la tarde de este miércoles, en la primera presidenta de la república del Perú por sucesión constitucional.
Esto sucedió tras la aprobación de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, por incapacidad moral permanente, que consiguió 101 votos a favor. Solo se necesitaban 87 votos para proceder, de acuerdo a la carta magna.
“Soy consciente de la alta responsabilidad que la historia pone sobre mis hombros”, manifestó Boluarte pasada las 3 de la tarde, tras juramentar frente al presidente del Congreso, José Williams, y comprometerse a ocupar el cargo hasta el 28 de julio del 2026.
“Convoco a la más amplia unidad de todos los peruanos, convoco a un amplio proceso de diálogo. Solicito una tregua para instalar un gobierno de unidad nacional. Mi primera medida será enfrentar la corrupción. Instalaré un gabinete de todas las sangres con representación de todas las fuerzas democráticas. Guardaré lealtad a la Constitución y las leyes”, fueron algunas de las frases que emitió en su primera declaración como mandataria del país.
Dina Boluarte era la primera vicepresidenta de Pedro Castillo. Nació en Apurímac. Es abogada de profesión y se ha desempañado como funcionaria del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).
El autogol-pe de Pedro
Sin embargo, la caída del gobierno de Castillo se aceleró minutos antes del mediodía cuando, en un breve mensaje a la nación, sorprendió a todos anunciando, con manos temblorosas, la disolución del Congreso y el establecimiento de un “régimen de excepción”.
Indicó que habría un toque de queda la noche de este mismo miércoles y se intervendrían el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, para llamar a elecciones, establecer la Asamblea Constituyente y cambiar la Carta Magna.
Era, sin duda, una reacción ante la posibilidad de que se apruebe la tercera moción de vacancia que en esta oportunidad llegaba impulsada fuertemente por una andanada de denuncias por parte del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, quien relató y aseguró en las últimas horas tener pruebas de presuntos actos de corrupción de los sobrinos de Castillo y del pedido de fuertes sumas de dinero por parte de estos, con el consentimiento del hoy exmandatario.
En las dos mociones de vacancia anteriores, el Congreso no logró los 87 votos para sacar a Castillo del cargo. Muchos afirman que en esta ocasión tampoco se tenía ese número de votos. Pero, Castillo, se adelantó, al parecer por temor o por pésimo cálculo político, y se la jugó: era matar o morir.
El epílogo de esta historia empezó a hacerse más claro cuando, uno a uno, fueron renunciando los ministros, luego hizo lo propio la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, con lo cual se vino abajo todo el gabinete.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado indicando que solo era posible la disolución del Congreso si este negaba la confianza a dos Consejos de Ministros, lo cual no había ocurrido.
Tal era la magnitud de la crisis, que, hasta el abogado de Castillo, Benji Espinoza, renunció a seguir defendiéndolo. Mientras tanto, al ser abordados, los ministros renunciantes zafaban cuerpo y manifestaban que no sabían de la decisión que tomó el expresidente, que lo hizo en solitario y que ellos no eran los responsables.
Castillo y Aníbal
Tras su mensaje a la nación, Pedro Castillo fue visto saliendo junto al expremier Aníbal Torres de Palacio de Gobierno. También se vio a sus hijos y a la exprimera dama Lilia Paredes, saliendo raudos con algunas de sus pertenencias en brazos.
Castillo y Torres enrumbaron hacia la Prefectura de Lima. Su intención era solicitar garantías personales para el exmandatario, pero fueron intervenidos antes por los agentes de la Policía Nacional con quienes finalmente llegaron hasta su destino, pero sin poder realizar la solicitud pensada.
Hoy, el ciudadano Pedro Castillo deberá enfrentar las graves consecuencias de pretender romper el orden constitucional y también deberá afrontar las siete investigaciones por delitos de corrupción que le abrieron durante los 17 meses que duró su mandato.
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