La defensa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, solicitó este miércoles a la Fiscalía Nacional que se archive el caso que investiga a la mandataria por el presunto delito de genocidio por las muertes durante las protestas desde que llegó al poder.
El abogado Joseph Campos Torres, considera que la investigación preliminar ha demostrado que no se puede atribuir a la presidenta ninguna omisión en el ejercicio de sus funciones puesto que no estaba informada ni de las decisiones tácticas ni de las operacionales.
Campos explicó en declaraciones a la emisora RPP que, además, las fuerzas del orden ejecutaron sus funciones de garantizar el orden interno porque “ocurrieron manifestaciones violentas”, no protestas. “No se ha demostrado que las fuerzas del orden, de cualquier nivel jerárquico, hayan dado órdenes ilegales, inconstitucionales o que constituyan presuntos delitos”, agregó.
En este sentido, el abogado ha defendido que se estén investigando los fallecimientos de manifestantes, pero “no pueden escalar de manera directa porque, por el contrario, hemos sido testigos de una presidenta que ha estado llamando a la calma y que instruyó en todo momento la idea de restablecer el orden interno con el respeto debido a los Derechos Humanos”.
49 CIVILES ASESINADOS
Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, más de medio centenar de personas murieron y cientos resultaron heridas como consecuencia de la represión de unas protestas que surgieron tras la detención y cese del expresidente Pedro Castillo. Varias organizaciones de Derechos Humanos internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerzas del Ejército y la Policía durante el mandato de Dina Boluarte.
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