El congresista Jorge Luis Flores Ancachi del partido político Podemos Perú ha presentado un polémico Proyecto de Ley N.º 9490, bautizado mediáticamente como la “Ley del Borrachito”, con el fin de permitir que conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad recuperen su licencia tras pagar una multa reducida y completar un curso de reeducación vial. La iniciativa, que contempla un descuento del 80% en las sanciones por infracciones muy graves y la realización de talleres formativos, se sitúa como un debate clave en torno a la seguridad vial y todo el país.
Según el texto normativo, podrían acogerse a este beneficio los conductores cuya licencia esté suspendida o cancelada por plazos igual o superiores a un año, siempre que no registren antecedentes penales ni judiciales ni multas pendientes de pago. Flores Ancachi defiende la medida argumentando que “quienes vivieron una mala experiencia merecen una segunda oportunidad”, y asegura contar con el respaldo de varios colegas, entre ellos Edgar Tello. Además, la propuesta fija el 31 de diciembre de 2025 como plazo límite para acogerse a este régimen excepcional; a partir de 2026, la obtención del brevete requerirá el cumplimiento íntegro de los requisitos vigentes.
La respuesta de las autoridades y especialistas no se hizo esperar. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Policía de Tránsito y la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) han calificado la iniciativa como “un retroceso” y un “despropósito”. Para Tito Alvites, conductor y comentarista en ‘La Hora del Volante’, “indultar a quienes cometieron un delito de peligro común ‘conducir ebrio’ equivale a premiar la irresponsabilidad”. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, añade que “no podemos arriesgar la vida de peatones y demás usuarios por favorecer a infractores habituales”.
Los datos oficiales refuerzan este rechazo: en los últimos tres años, las muertes por accidentes de tránsito se han mantenido por encima de las tres mil 100 víctimas anuales en Perú, de las cuales un alto porcentaje está vinculado al consumo de alcohol al volante. Expertos en políticas de transporte, como Diego Huamán, advierten que “reducir las sanciones minimiza el riesgo percibido y puede incentivar la reincidencia, poniendo en peligro la vida de miles de conductores y peatones”.
El destino de la “Ley del Borrachito” queda ahora en manos de las comisiones del Congreso, donde sus impulsores deberán confrontar argumentos técnicos y cifras de siniestralidad. Mientras tanto, organizaciones de seguridad vial y colectivos de víctimas insisten en priorizar medidas de prevención, campañas educativas y sanciones ejemplares para proteger la integridad de todos los usuarios de las vías.
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