A tres años de los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2022 en el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho, donde diez ciudadanos perdieron la vida durante las protestas sociales, los familiares de las víctimas reiteraron que el caso no puede darse por cerrado mientras no exista justicia ni responsabilidades determinadas por el Estado.
Yobana Mendoza, presidenta de la Asociación de Familiares de los Fallecidos y Heridos del 15 de Diciembre (Asfah), mencionó que el paso del tiempo no ha traído resultados concretos en el ámbito judicial. Indicó que, pese al dolor que implica recordar lo ocurrido, los familiares mantienen su presencia pública porque consideran que la memoria y la exigencia de justicia son parte de una misma lucha.
La representante de Asfah precisó que las investigaciones continúan a cargo de la misma fiscalía y que, hasta el momento, no han recibido información sobre decisiones de fondo en el proceso. Sostuvo que son los propios familiares quienes vienen solicitando ampliaciones para incorporar nuevas pruebas, con el objetivo de fortalecer el caso y avanzar hacia una etapa decisiva.
“La justicia no ha llegado y no vamos a retroceder”, declaró Mendoza.
Mendoza afirmó que la falta de respuestas oficiales ha profundizado la desconfianza hacia las autoridades nacionales. En ese contexto, cuestionó el trato recibido a los familiares de las víctimas durante los meses posteriores a los hechos y sostuvo que las expresiones de estigmatización agravaron el distanciamiento entre el Estado y los deudos.
“Nos han cerrado las puertas, nos han terruqueado y nos han discriminado cuando fuimos a Lima a exigir respuestas”, sostuvo, al advertir que ese trato rompió cualquier posibilidad de confianza institucional.
La advertencia se produce en un escenario nacional marcado por la ausencia de sentencias vinculadas a las muertes ocurridas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 50 personas fallecieron en distintos puntos del país en ese periodo, la mayoría en contextos de intervención de las fuerzas del orden, sin que hasta ahora se hayan establecido responsabilidades penales firmes.
Organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han reiterado que el Estado peruano tiene la obligación de garantizar investigaciones independientes, diligentes y oportunas, y han advertido que el prolongamiento de los procesos sin resultados debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
En Ayacucho, los familiares sostienen que el tiempo transcurrido no puede interpretarse como un cierre del caso. Insisten en que solo una respuesta judicial efectiva permitirá avanzar hacia una verdadera reparación y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
“A todas esas autoridades que nos han terruqueado, que nos han dicho cholos serranos y que nos han cerrado las puertas en Lima, les decimos que no se atrevan a venir a Ayacucho. Nosotros no permitiremos que lleguen aquí si no vienen con respuestas. Si logran entrar, los vamos a devolver como lo hicieron con nosotros. Que vengan solo cuando traigan justicia”, afirmó.
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