“Esta imputación que se me sigue es muy arbitraria e injusta. Sin haber sido partícipe de lamentables hechos sucedidos en abril del año pasado se me ha imputado sin las pruebas suficientes para que el fiscal decida investigar”.
Así se expresó Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka de Río Ene (CARE), al lamentar que se le siga imputado como uno de los responsables de la desaparición de cuatro personas en un paro asháninka ocurrido en abril del 2023.
La misma imputación también se aplica a otros líderes indígenas. Entre ellos están Fredi Gavilán Mejía, presidente de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE) y Fabián Antúnez Camacho, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART). Para tener más luces, Inforegión entrevistó a la abogada Irupé Cañari. Ella ejerce la defensa legal del presidente de la CARE.
Contexto
Demos un repaso de cómo se gestó este caso. En abril del 2023, en la comunidad nativa de Puerto Ocopa, se produce el asesinato del líder asháninka, Santiago Contoricón. Luego, la comunidad nativa citada convoca un paro para exigir justicia por el asesinato, entre otras demandas. Durante el paro se produjo la desaparición de cuatro personas, entre los días 14 y 15 de abril.
Se abre un proceso judicial y se obtienen testimonios de testigos que involucran a líderes indígenas en las desapariciones. Seguidamente, la Fiscalía implementó las diligencias del caso en el lugar de los hechos. Más adelante, se dictamina una orden de detención preliminar por siete días en contra de ocho líderes indígenas, entre ellos Ángel Pedro Valerio.
Él toma conocimiento del proceso judicial en su contra recién el 4 de septiembre del 2023. Esto a raíz de la orden de detención preliminar que se dicta contra otros líderes indígenas. 
El juicio, hoy
Cañari informó que tras el cierre de la investigación preliminar se inició la investigación preparatoria. Esta concluirá el 24 de mayo. Es decir, la Fiscalía recaba algunos indicios o pruebas que puedan determinar la imputación o la autoría de determinados investigados. En esta etapa, por primera vez, la Fiscalía le notificó a su defendido dar su declaración. Esta la rindió el 20 de marzo.
“Han pasado cinco días desde que he estado en la Fiscalía y tenía que decir toda la posición que he mantenido desde el primer día de tener conocimiento de estar investigando. Es decir, nuevamente la verdad. De que mi persona no está involucrada en estos lamentables hechos del paro de los asháninkas”.
Así lo ratificó el presidente de la CARE. Cañari añadió que su defendido está en comparecencia simple. Es decir, puede movilizarse a nivel nacional e internacional con normalidad pero tiene que asistir a diligencias que requieran su participación. “No tengo nada que esconder. No puedo obstruir ni rehusarme a asistir al llamado de la Fiscalía.
Estoy dispuesto a participar en las diligencias que se requieran porque no tengo nada que temer. No tengo nada que esconder. Mi conciencia está limpia”, aseguró el líder asháninka.
Situación de los acusados
Cañari afirmó que en el proceso se presentaron las pruebas que sustentan la inocencia de su defendido. Es decir, el presidente de la CARE no participó en el paro citado pues asistía a un evento en otra comunidad nativa.
En la misma situación se encontraba Fredi Gavilán. Sin embargo, el Juzgado de Investigación Preliminar, a petición de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, los mantiene en comparecencia simple. En tanto, Fabián Antúnez tiene paradero desconocido.
“Mi persona no ha estado presente los días 14 y 15 cuando pasaron estos hechos. Tenía otro evento a 12 horas de la comunidad de Puerto Ocopa, donde sucedieron los hechos. Hemos mostrado documentos, fotos y videos que refutan el análisis de la Fiscalía y la mención de los testigos protegidos.
Hemos presentado evidencias contundentes que refutan la hipótesis de la Fiscalía”, arguyó Ángel Pedro Valerio. 
Cañari añadió que ante las pruebas presentadas, la Fiscalía no requirió prisión preventiva para su defendido.
“Ya que tiene elementos de convicción que demuestran que los testigos protegidos están mintiendo, lo ideal sería que lo excluyan de la investigación, pero la Fiscalía no lo ha hecho”, lamentó.
La mano del narcotráfico
Nuestros entrevistados se mostraron convencidos que los intereses del narcotráfico operan desde el Estado para neutralizar a líderes nativos que combatan sus intereses.
“Las organizaciones, las comunidades, que nos enfrentamos al narcotráfico, tienen que tener un tratamiento especial y la protección del Estado. Lo que estamos viendo es que mientras más nos enfrentamos al narcotráfico somos criminalizados, por parte también del Estado”, lamentó Pedro Valerio.
Al respecto, Cañari consideró que el interés del “narcotráfico está gestándose en el Estado y a través de estos instrumentos legales -que brinda un Estado de Derecho- es que lo están incluyendo para callar, no sólo a Ángel Pedro Valerio, sino a una organización indígena como es CARE, que lucha en el Vraem contra el narcotráfico”.
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