VAN A JUICIO: Fiscalía de delitos de corrupción pide entre 8 y 15 años de cárcel para familia de alcalde de Trujillo

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La familia del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, enfrentará un juicio oral por el delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. De acuerdo a la acusación,  habrían adquirido propiedades y bienes con dinero ilícito proveniente de la gestión municipal de Valentín Fernández como alcalde de Nuevo Chimbote.

REDACCIÓN INVESTIGA

Los problemas con el poder judicial no terminan para el alcalde de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, pero tampoco para su familia en Chimbote.

Mientras que este miércoles 31 de mayo el Concejo Municipal debatirá el pedido de suspensión por 90 días contra el alcalde Arturo Fernández por insultar a un regidor y a su esposa, y el 14 de junio la Segunda Sala Penal de Apelaciones decidirá si apela o no la sentencia contra el burgomaestre por una condena en primera instancia por difamación contra una policía, su familia también se debate la libertad en las instancias judiciales.

Resulta que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Crimen Organizado y Lavado de Activos en la resolución número 39 emitida el 2 de mayo y dispuso “dictar auto de enjuiciamiento” contra los progenitores del alcalde de Trujillo y sus hermanos.

En efecto, los acusados son los padres del alcalde Arturo Fernández: Valentín Fernández Neira y Nuri Bazán de Fernández; sus hermanos Valentín, Luz y Nury Fernández Bazán; y otras dos personas: Frank Jiménez Esquivel y Luis Vásquez Wong.

Según la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios del Santa, en Chimbote, todos ellos habrían adquirido propiedades y bienes con dinero ilícito proveniente de la gestión municipal de Valentín Fernández Bazán en Nuevo Chimbote, entre 2003 y 2006.

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exalcalde de Nuevo Chimbote y 8 años para sus familiares. Además, solicita el pago solidario de S/10′481,578.70 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

El juicio oral se realizará en la región Áncash, donde se inició la investigación.

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