La tarde del miércoles fue detenido el dirigente del Valle de Tambo Jesús Cornejo Reynoso en la provincia de Islay, Arequipa. Cornejo tenía vigente una orden de captura por una sentencia de 7 años y 4 meses de cárcel por el caso Tía María.
En febrero de 2022, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa ratificó la sentencia en primera instancia contra el exdirigente. El delito imputado fue motín y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.
También se condenó a otros dos líderes de las protestas contra el proyecto minero Tía María, impulsado por la minera Southern Cooper Corporation: el exalcalde del distrito de Dean Valdivia Jaime de la Cruz y el exdirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo Pepe Julio Gutiérrez.
Protestas sociales por Tía María
En marzo de 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, la población del Valle de Tambo salió a las calles en rechazo a la aprobación del segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María.
La Fiscalía afirmó que esta protesta social fue usada por los dirigentes para obtener beneficios económicos. La prueba que alegó fueron unos audios de las conversaciones que mantuvieron el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y el asesor externo de Southern Perú, Jesús Gómez Urquizo, en las que el dirigente pide 1.5 millones de dólares para levantar las protestas.
Según la Fiscalía, detrás de las manifestaciones existía un “aparato legal y logístico”. El Ministerio Público llevó a juicio a más de 15 personas, entre dirigentes y agricultores.
Extorsión a Southern
La acusación se produjo luego que salieran a luz conversaciones grabadas entre el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, consultor de la empresa. Ambos negociaban el pago de una fuerte cantidad de dinero a cambio de detener las protestas de la población del Valle de Tambo que se oponía a la ejecución del proyecto minero.
En el contexto de las conversaciones, Gómez Urquizo se presentó como enviado de la empresa minera para negociar con los dirigentes del Valle de Tambo la entrega de dinero. Mencionó tener el aval de la mina y ofreció como pago 500 mil dólares a los líderes de las manifestaciones. Pero el dirigente Pepe Julio Gutiérrez exigió un millón y medio de soles; de lo contrario, haciendo mención de los otros dirigentes Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, diijo que haría que las protestas sean más radicales.
Tras la difusión de los audios, el Ministerio Público abrió investigación ante un presunto pedido de soborno. Incluyó, además de los protagonistas de los audios, a los dirigentes Jesus Cornejo y Jaime de la Cruz. Pero al citar a los directivos de Southern a declarar, estos negaron haber recibido la amenaza de extorsión. Gómez Urquizo fue excluido de la investigación y, al final, se concluyó que solo hubo un intento de extorsión por parte de Pepe Julio Gutiérrez.
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