En un memorial dirigido a las más altas autoridades del Estado, los representantes de las federaciones FECONAFROPU, FIKIMMEP, FECONAMAI, OIMPRA, FECOIBAD y OCIBPRY manifestaron su rechazo a las recientes decisiones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Acusan a Serfor de obstaculizar el reconocimiento legal de iniciativas de conservación impulsadas desde las propias comunidades indígenas. El reclamo surge luego de que un informe de Inforegión revelara que, el pasado 28 de abril, el Serfor derogó una norma que permitía establecer nuevas áreas naturales protegidas, como áreas de conservación regional (ACR) o reservas comunales, sobre territorios reconocidos como ecosistemas frágiles. Inforegión identificó que esta decisión afecta de manera directa a once propuestas de ACR y dos reservas comunales que hoy se superponen a esas zonas en siete regiones del país. Según Serfor, dicha superposición “fragmentaría la gestión integral del ecosistema”, un argumento que ya había empleado para frenar el avance del proyecto de decreto supremo destinado a crear el ACR Medio Putumayo Algodón, en Loreto. Una propuesta que ha sido trabajada durante más de ocho años con participación activa de las comunidades, el apoyo del Gobierno Regional y la asesoría técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente.
Procesos detenidos y territorio sin protección
Las federaciones firmantes representan comunidades donde se proponen la creación de tres áreas protegidas: el ACR Ere Campuya y la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas y el ACR Medio Putumayo Algodón mencionado líneas arriba. Todas estas iniciativas tienen en común que se superponen a zonas identificadas como ecosistemas frágiles, un aspecto técnico que ha dificultado la conclusión del proceso para su reconocimiento formal. Desde 2016, las comunidades de esta región amazónica han promovido la creación de estas tres áreas protegidas como una estrategia para proteger sus territorios ancestrales. (Foto: Diego Pérez / SPDA) Es importante destacar que los ecosistemas frágiles son áreas con baja resiliencia frente a impactos humanos, y por ello son identificadas e incluidas en una Lista Sectorial gestionada por Serfor desde 2019. Sin embargo, a diferencia de las áreas protegidas, los ecosistemas frágiles no cuentan con un estatus legal ni una categoría jurídica de ordenamiento territorial, lo que significa que no cuentan con la misma protección legal. En este escenario, desde 2016, las comunidades de esta región amazónica han promovido la creación de estas tres áreas protegidas como una estrategia para proteger sus territorios ancestrales y asegurar la sostenibilidad de sus recursos naturales ante diversas amenazas. Sin embargo, estos procesos se encuentran actualmente paralizados. El caso más avanzado, el ACR Medio Putumayo Algodón, alcanzó la fase final y su proyecto de decreto supremo fue publicado en octubre de 2024. No obstante, recibió una observación por parte de Serfor, la misma que hoy se utiliza como argumento general, y que fue emitida curiosamente antes de la derogación de la norma que permitía viabilizar estas iniciativas. En el memorial presentado, las federaciones señalan que Serfor justifica la paralización argumentando que la creación de estas áreas protegidas podría fragmentar la gestión integral del ecosistema y dificultar la entrega de títulos habilitantes, como concesiones de conservación y bosques locales. Un argumento al que responden: “Serfor nunca ha estado presente para informar, dialogar ni gestionar estos territorios. Por el contrario, estas tierras vienen siendo invadidas por madereros ilegales, sin que ninguna autoridad haya tomado medidas al respecto”.
Presiones externas y amenazas latentes
Los representantes indígenas también subrayan que estas figuras de conservación cuentan con el respaldo de procesos de consulta previa ya concluidos. “Esta área (ACR Medio Putumayo Algodón) cuenta con el respaldo de la población y ha culminado con la etapa de consulta previa, en la cual, durante el diálogo de octubre de 2023, se establecieron acuerdos entre las comunidades nativas y la entidad promotora, el Gobierno Regional de Loreto a través de la GRAM, acuerdos que son de cumplimiento obligatorio por parte del Estado”, indica el comunicado. Los representantes indígenas también subrayan que estas figuras de conservación cuentan con el respaldo de procesos de consulta previa ya concluidos. (Foto: Diego Pérez / SPDA) Las federaciones advierten que la falta de reconocimiento legal de estas áreas de conservación expone sus territorios a actividades ilegales y recuerdan que en 2020 ya habían alertado formalmente a las autoridades sobre esta situación.
Demandas de las federaciones indígenas
En el memorial, las federaciones indígenas exigen con urgencia el establecimiento del ACR Medio Putumayo Algodón y de la Reserva Comunal Bajo Putumayo. Argumentan que estas figuras de conservación garantizan una mayor sostenibilidad en la protección de la biodiversidad y en la gestión del ecosistema frágil Eré Putumayo Cotuhé. Además, señalan que su creación no solo cumple con el marco normativo vigente, sino que fortalece la conectividad ecológica con otras áreas protegidas y previene actividades ilegales como la tala y la caza indiscriminada. Parte del memorial. Asimismo, solicitan el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050, y en el marco global del Convenio de Diversidad Biológica (Kunming-Montreal), con el objetivo de alcanzar las metas planteadas para la conservación de la diversidad biológica. En este sentido, exigen garantizar la gestión efectiva del ecosistema Eré Putumayo Cotuhé, fortaleciendo las iniciativas comunitarias existentes, como el reconocimiento y respaldo a 25 comités de vigilancia comunal que operan en la zona. Las federaciones responsabilizan directamente al director del Serfor, Erasmo Otárola, y a sus funcionarios por la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre la gestión de sus territorios, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Con las ACR y la Reserva Comunal estaríamos protegiendo no solo los ecosistemas frágiles, sino los territorios ancestrales de los pueblos indígenas”, se lee en el comunicado. El documento está dirigido a las máximas autoridades nacionales, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros del Ambiente, Cultura y Agricultura, al presidente del Consejo de Ministros, al jefe del Sernanp y a la Defensoría del Pueblo. Los representantes indígenas piden que se respete la voluntad de las comunidades y que el Estado garantice el establecimiento formal de las áreas de conservación propuestas, asegurando así la protección de sus territorios ancestrales y la biodiversidad de la región.
