La amenaza de intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027 tiene en vilo a la población de Arequipa, pero las acciones para mitigar el riesgo no avanzan al ritmo esperado. Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas al revelar problemas en la crucial intervención de limpieza y descolmatación en el río Tambo. Exactamente en el sector Bocatoma Jusiemm, en el distrito de Cocachacra (provincia de Islay), el cual ni siquiera ha comenzado, a pesar de que el tiempo corre en contra.
El documento, emitido tras una visita de control realizada entre el 2 y el 6 de noviembre, detalla que la empresa contratista Consorcio A&A debía iniciar los trabajos el pasado 13 de octubre. Sin embargo, al momento de la inspección física, los funcionarios de la Contraloría comprobaron con sus propios ojos que la maquinaria no estaba en el lugar. Además, no se había movido ni una piedra para recuperar la sección de conducción del río.
Un riesgo latente para la población de Cocachacra
La falta de acción en la Bocatoma Jusiemm no es un simple retraso administrativo; representa un peligro directo para la seguridad de los agricultores y las familias de la zona. Según el informe, la limpieza del cauce es vital para favorecer el libre flujo del agua. Además, reducir la vulnerabilidad ante posibles desbordes que podrían arrasar con infraestructura hidráulica y áreas de cultivo.
El ente de control advierte que esta demora incrementa sustancialmente el riesgo. Las proyecciones del Informe Técnico ENFEN indican que entre octubre y diciembre se registrarán caudales superiores a lo normal. Este aumento paulatino del agua podría impedir el ingreso de maquinaria pesada en el futuro, complicando aún más una situación que ya de por sí es crítica.
La maraña burocrática detrás del retraso
¿Por qué no han iniciado los trabajos? El informe revela un entramado de documentos y observaciones. La Contraloría detalla que, aunque el consorcio fue notificado con carácter de «muy urgente» para empezar, los planes de trabajo presentados por la empresa no contaban con la aprobación del control técnico. A pesar de que la contratista intentó levantar las observaciones mediante una carta el 31 de octubre, para el día de la inspección, el visto bueno seguía pendiente.
El coordinador de la empresa argumentó durante la visita, que las actividades se ceñirían al cronograma de 60 días calendario estipulado en el contrato. No obstante, la Contraloría es firme al señalar que la falta de inicio oportuno de estas intervenciones afecta directamente la finalidad de la contratación, que no es otra que proteger a la población ante el peligro inminente.
Una millonaria inversión en pausa
Para financiar estas labores, el Estado destinó importantes recursos. Mediante el Decreto Supremo n.° 164-2026-EF, se autorizó una transferencia de partidas para financiar 383 intervenciones en todo el país. En el caso específico del Paquete 27 en Islay, el contrato asciende a más de 5 millones 670 mil soles.
La Contraloría ha concluido que esta situación adversa afecta el logro de los objetivos del servicio. Por ello, ha recomendado al director ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) adoptar acciones correctivas de inmediato. Además, se ha dispuesto que el titular de la entidad informe, en un plazo máximo de cinco días hábiles, qué medidas está tomando para destrabar esta obra y evitar que las lluvias encuentren un cauce desprotegido en Arequipa.
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