Autoridades y organizaciones de Junín exigieron que los ministros de Economía, Denisse Mirales, y de Transportes, Aldo Prieto, vengan a Huancayo para explicar por qué resolvieron el contrato de asistencia técnica para la construcción de la nueva carretera Central, una decisión que pone en riesgo la ejecución de esta megaobra valorizada en S/ 24 mil millones.
El gerente regional de Junín, Roy Gonzales Mayta, y miembros de la Comisión Multisectorial para la autopista del centro, advirtieron que el contrato de asistencia técnica con PMO Vías no se limitaba a un rol consultivo, sino que incluía la gestión integral del proyecto, desde las actividades preparatorias, las licitaciones, hasta el acompañamiento de la ejecución. “No era solo asesoría. La PMO visaba documentos, contratos y garantizaba estándares técnicos. Sin eso, el proyecto se paraliza”, sostuvo.
Por su parte, Alex Astuhuamán, miembro de la Comisión Multisectorial, cuestionó la versión de Provías Nacional, que sostiene que asumirá directamente esas funciones a través de su dirección de proyectos. “Eso resulta ilógico. ¿Para qué se firmó un contrato de gobierno a gobierno si ahora el propio Estado quiere administrar la construcción?”, señaló.
Según el técnico, este giro evidencia una intención de trasladar la gestión de la obra a Provías, un escenario que el contrato gobierno a gobierno buscaba evitar para reducir riesgos de retrasos, arbitrajes y sobrecostos. “Ese es el trasfondo del problema”, afirmó.
Ante esta situación, el Gobierno Regional de Junín cursó invitaciones formales para que ambos ministros, Denisse Mirales y Aldo Prieto, den la cara en Huancayo, el martes 10 de febrero, para explicar cómo piensan superar la crisis generada por la resolución del contrato y qué garantías existen para la continuidad del proyecto.
Ese mismo día, el Comité Multisectorial Pro Carretera Central realizará una asamblea ampliada con autoridades regionales y locales, empresarios, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, en la que evaluarán el escenario del proyecto y las respuestas del Ejecutivo.
Decisión unilateral e ilegítima
Por su parte, el consorcio PMO Vías, encargado de la asistencia técnica para la construcción de la Carretera Central y otros proyectos importantes de infraestructura del país, rechazó la decisión de Provías Nacional del MTC de resolver el contrato firmado en virtud del acuerdo de Estado a Estado (G2G) con Francia.
La jefa legal del consorcio, Talía Landeo, calificó la medida como «arbitraria, injustificada e ilegítima», señalando que la empresa no reconoce la validez de dicha notificación y mantendrá sus operaciones.
«No reconocemos el anuncio de resolución notificado el 4 de febrero; contiene serios defectos de forma y de fondo. Ha sido una decisión arbitraria, injustificada e ilegítima», declaró Landeo este viernes, en el noticiero de Radio Huancayo. Agregó que, en consecuencia, PMO vías continuará con su tarea e inició un diálogo con Provías Nacional.
Además de la carretera Central, la ruptura del contrato afecta la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa para el acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. Según el consorcio, la medida carece de sustento técnico y jurídico, ya que Provías basa su decisión en hechos de corrupción ocurridos años antes de la firma del contrato, en otros países y en proyectos totalmente ajenos a sus operaciones en el Perú.
Asimismo, PMO Vías denunció que el Estado peruano pretende responsabilizarlos por situaciones externas para las cuales no existen decisiones judiciales ni arbitrales. «Esta actuación vulnera principios esenciales como la seguridad jurídica, la buena fe contractual y la proporcionalidad», señala un comunicado oficial de la empresa, advirtiendo que la ruptura ocurre precisamente cuando las megaobras están a punto de adjudicarse.
Ante este escenario, el consorcio reafirmó su postura de integridad: “PMO rechaza enfáticamente la comisión de cualquier acto de corrupción y reafirma su compromiso con el Perú sustentado en años de trabajo y transparencia”.
Diálogo y amenaza de arbitraje
Tras la notificación del 4 de febrero, PMO Vías activó un periodo de diálogo de 60 días. En este tiempo, la organización buscará demostrar que ninguna de las imputaciones de Provías justifica la resolución del acuerdo. Sin embargo, advierten que de no llegar a un acuerdo, recurrirán a instancias internacionales y a un arbitraje para proteger su reputación y derechos.
“Seguimos ejerciendo nuestras funciones porque ese es el encargo que nos ha otorgado el Estado peruano y lo seguiremos realizando hasta que exista una decisión legítima que nos quite ese encargo”, señaló Landeo.
En Junín, gremios y dirigentes calificaron la resolución como un «acto de provocación» y anunciaron marchas populares ante el riesgo de que el megaproyecto, que beneficia a 10 millones de personas, quede paralizado.
Por su parte, el consorcio instó a la Contraloría General de la República a intervenir de inmediato para investigar las «verdaderas motivaciones» detrás de esta decisión unilateral y «sorpresiva» de la Dirección Ejecutiva de Provías Nacional.
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