En los últimos diez años, el flujo migratorio en América Latina ha experimentado cambios notables, especialmente en Perú y Ecuador, como consecuencia de la crisis en Venezuela. Según los informes de la plataforma R4V, alrededor de 1.29 millones de venezolanos residen en Perú, y más de 500,000 en Ecuador, posicionándolos como el segundo y tercer país de destino, respectivamente.
Andrea Carrasco, abogada de la PUCP, y Jackeline Velarde, comunicadora especializada en género y diversidad, realizaron investigaciones clave en tres regiones peruanas: Piura, Lambayeque y La Libertad.
La investigación de Carrasco, «Características de la respuesta estatal frente al delito de trata de personas migrantes con fines de explotación laboral y sexual en las regiones de Piura, La Libertad y Lambayeque», destacó que, aunque existe coordinación entre actores estatales y de la sociedad civil, no es suficiente para abordar la problemática de la trata de personas. La rotación de personal debido a cambios en las autoridades locales ha ralentizado los esfuerzos, revelando que la lucha contra la trata de personas no puede depender únicamente de cambios administrativos.
Velarde lideró la investigación «Limitantes y barreras del acceso a las escuelas por parte de personas extranjeras», resaltando obstáculos en Piura, Lambayeque y La Libertad. Factores como migraciones internas, inestabilidad laboral de los padres y la necesidad de trabajar de los menores afectan el acceso y la permanencia de estudiantes migrantes. Además, la falta de documentos, la escasez de vacantes y casos de discriminación fueron identificados como desafíos.
Ambas investigaciones forman parte del proyecto «Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras», con la participación de Unesco Perú, Ideele, WeWorldGlobal, ChildFund, Universidad del Azuay y el IDEHPUCP, supervisado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) entre 2022 y 2024, gracias al financiamiento de la Unión Europea.
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