El malestar social vuelve a encenderse en distintas regiones del país. En medio de protestas en Lima y otras ciudades, dirigentes de transportistas, líderes juveniles y representantes de la generación Z se encontraron en un diálogo organizado por la Red de Medios Regionales del Perú. Allí se expusieron visiones distintas, pero con un punto en común: la inseguridad y la crisis política atraviesan a toda la ciudadanía.
Participaron en esta conversación el doctor Ronald Grados Rebaza, dirigente de transportistas y coordinador de la Macro Región Norte; Luis Ángel Condori Yapo, presidente del Consejo Provincial de Juventudes de San Román en Puno; y Jorge Calmet Zegarra, vocero de la generación Z. El intercambio reveló un escenario marcado por la desconfianza hacia las autoridades, el hartazgo social y las tensiones entre lo gremial y lo político.
Transportistas: entre la protesta gremial y la política
Ronald Grados reconoció que el sector vive bajo asedio: más del 80% de empresas de transporte pagan cupos a bandas criminales y varios dirigentes han sido asesinados en lo que va del año. Sin embargo, señaló que muchas paralizaciones recientes en Lima responden a intereses políticos y no gremiales. “Son gremios cascarón, creados de un momento a otro”, criticó, al remarcar que su postura es mantener la lucha en el terreno estrictamente sectorial.
Según el dirigente, no corresponde a los transportistas promover la caída de gobiernos. “Hemos hecho reclamos, sí, pero cuando se mete la política se desvirtúa la lucha”, insistió. Grados defendió que la coordinación debe darse con las instituciones de turno, sean cuales sean, porque de lo contrario se cae en un círculo de crisis sin solución. “Podemos cambiar de presidente, pero el narcotráfico y las extorsiones siguen. ¿Eso lo va a resolver solo una vacancia?”, cuestionó.
IMAGEN: Gonzalo Aguila Sosa
Juventud organizada: indignación y desconfianza
La intervención de Luis Ángel Condori Yapo puso sobre la mesa el desencanto juvenil frente al Estado. Recordó que durante las protestas del 2023, cuando comunidades del sur exigieron justicia y revocatoria del mandato de Dina Boluarte, los transportistas no apoyaron esas marchas. “Hoy vemos las consecuencias”, afirmó, señalando que tanto en Juliaca como en otras provincias se sufre la misma violencia que en Lima.
El dirigente juvenil denunció la falta de respuestas a los pedidos formales presentados al Congreso y a la Secretaría Nacional de Juventudes. Uno de los planteamientos fue incorporar a las rondas campesinas como apoyo en la seguridad ciudadana, ante la ineficacia de la inspectoría policial. Sin embargo, no recibieron respuesta. “Cuando ponemos denuncias, nos ponen trabas. Y en casos de robos hasta aparecen policías involucrados. Entonces, ¿en quién confiamos?”, lanzó.
Condori Yapo subrayó que el problema trasciende lo gremial. Para él, la corrupción y la inseguridad son síntomas de un Estado fallido, por lo que considera legítimo exigir la salida de autoridades incapaces de gobernar. “No se trata de izquierda ni derecha, sino de un sistema político podrido que no nos representa”, expresó.
Generación Z: hartazgo y exigencia de cambios
Con un discurso frontal, Jorge Calmet describió a la generación Z como la voz de un hartazgo acumulado. Recordó que las movilizaciones recientes no solo responden a la inseguridad, sino también al rechazo de leyes que fortalecen a mafias y blindan a políticos. “Lo que tenemos es una mafiocracia, un Estado al servicio del crimen organizado”, denunció.
Calmet criticó duramente a la presidenta Dina Boluarte, acusándola de incompetencia y corrupción. Para él, la única salida es la vacancia y la instalación de un gobierno transitorio que purgue a la Policía y reactive equipos de inteligencia. “No podemos seguir muriendo siete peruanos al día a manos de la delincuencia. Miles son extorsionados y nadie hace nada. El Estado se ha convertido en un paraíso para las mafias”, dijo.
El vocero juvenil defendió la legitimidad de las marchas como herramienta de cambio, aunque reconoció que necesitan masividad. También rechazó los intentos de deslegitimar las protestas acusándolas de violentas o antidemocráticas. “La vacancia es un proceso constitucional. No tenemos por qué aceptar un gobierno corrupto, miserable e inútil”, insistió.
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¿Diálogo o ruptura?
El contrapunto entre transportistas y jóvenes dejó en evidencia una fractura en las estrategias de lucha. Mientras Grados apuesta por mantener la protesta dentro del terreno gremial y el diálogo con el Ejecutivo de turno, tanto Condori Yapo como Calmet defienden la movilización política como única salida. Para ellos, exigir la caída del actual gobierno no es un capricho, sino una necesidad de supervivencia frente a la inseguridad y la corrupción.
En las conclusiones, los participantes coincidieron en un aspecto: el Perú vive un momento de inestabilidad e inseguridad sin precedentes. La diferencia radica en cómo enfrentarlo. Grados pidió racionalidad y respeto a las decisiones de cada sector, sin arrastrar a bases que no comparten la idea de un cambio abrupto. Condori Yapo y Calmet, en cambio, insistieron en que no se puede seguir aceptando la miseria como normalidad.
El debate cerró sin consensos, pero con un mensaje claro: la crisis que hoy moviliza a transportistas, jóvenes y ciudadanos no se resolverá con respuestas aisladas. Se necesita una acción integral que devuelva seguridad y confianza a un país que ya no tolera la indiferencia.
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