La crisis en el Ministerio Público ha dejado al descubierto una intensa pugna de poder que compromete no solo la legalidad de las instituciones, sino también la estabilidad democrática del país. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, alertó sobre los riesgos jurídicos y políticos que implica el retorno de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, tras una cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Benavides, destituida previamente por la propia JNJ, ha reaparecido amparada en una nulidad de oficio promovida por la actual conformación del organismo. Sin embargo, la votación que respaldaría esa nulidad no cumple con los requisitos legales. La Ley del Procedimiento Administrativo General exige unanimidad de los siete miembros del pleno de la Junta. El magistrado Francisco Távara se abstuvo, aduciendo que el caso ya estaba judicializado. La decisión, tomada con solo seis votos, carece de validez jurídica.
Para Ledesma, lo que está en juego va mucho más allá de un simple cargo. La Fiscalía de la Nación tiene la potestad exclusiva de investigar a altos funcionarios, entre ellos la presidenta Dina Boluarte, miembros del Congreso e incluso la propia Patricia Benavides, quien enfrenta denuncias por presunta organización criminal. Su eventual retorno al cargo no solo sería inconstitucional, sino que permitiría que ella misma elija al fiscal que la investigue, generando un grave conflicto de interés.
Marianella Ledesma remarca que esto no es nuevo. Recordó cómo durante el fujimorismo, la Fiscalía fue instrumentalizada para blindar a aliados del poder y perseguir adversarios. Hoy, advierte, se está replicando ese patrón con una agenda clara: garantizar impunidad para quienes ostentan el poder.
La expresidenta del TC también señaló que el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y la JNJ parecen actuar de manera coordinada para copar las instituciones del Estado y los comparó con la figura bíblica de Los 4 Jinetes del Apocalipsis. Acusó al Congreso de ser un espacio capturado por organizaciones criminales que ahora impulsan reformas para someter al Ministerio Público. Criticó, por ejemplo, el proyecto del congresista Américo Gonza, que busca suspender por seis meses a los fiscales supremos y declarar una reorganización de emergencia.
Este intento de captura institucional no se limita al Ministerio Público. Según Ledesma, existe un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en su conjunto, incluyendo el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y los organismos electorales. Incluso mencionó propuestas para que el futuro Senado nombre a los jefes de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, lo que podría poner en jaque la transparencia de los próximos comicios.
Ante este panorama, Marianella Ledesma propone una reforma política profunda. Plantea la necesidad de superar el modelo de democracia representativa, que ha demostrado ser ineficiente. Propone avanzar hacia una democracia participativa, donde el ciudadano tenga poder real sobre presupuestos y decisiones clave del Estado.
También pidió una auditoría jurídica completa a todas las normas aprobadas por el actual Congreso, muchas de ellas a favor de intereses ilegales. Criticó que se hayan modificado más de 60 artículos de la Constitución sin debate ni consenso, en lo que calificó como un faenón legislativo a favor del crimen.
Finalmente, lamentó que tanto Dina Boluarte como Patricia Benavides, en sus respectivos cargos, hayan fallado al representar con ética y responsabilidad a las mujeres en el poder. Las acusó de usar sus cargos para fines personales y políticos, socavando aún más la credibilidad institucional.
La disputa por el Ministerio Público no es un caso aislado. Es una muestra más de un Estado en crisis, donde los poderes del Estado actúan con fines propios, sin control ni contrapesos reales, dejando en el medio a un país que exige justicia, transparencia y reforma profunda.
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