Líderes y lideresas indígenas de la cuenca del río Putumayo se encuentran en Lima del 2 al 6 de junio para sostener reuniones con entidades del Estado. Su principal demanda es que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) revierta las recientes medidas que impiden la creación de nuevas Áreas de Conservación Regional (ACR) en territorios indígenas amazónicos.
Esta reacción se da luego de que un informe de Inforegión revelara que, el pasado 28 de abril, el Serfor derogó una norma que permitía establecer áreas naturales protegidas, como las áreas de conservación regional (ACR), sobre territorios previamente reconocidos como ecosistemas frágiles. Esta disposición formaba parte de los Lineamientos para la Identificación de Ecosistemas Frágiles y había sido clave para viabilizar iniciativas de conservación lideradas por gobiernos regionales, pueblos indígenas y comunidades locales.
La resolución fue publicada en el diario El Peruano con el argumento de “garantizar la gestión integral de los ecosistemas frágiles sectoriales”. No obstante, su implementación afecta directamente el avance de doce propuestas de ACR que actualmente se superponen a ecosistemas frágiles en siete regiones: Loreto, Pasco, Tacna, Huánuco, Junín, Ucayali y Amazonas. Una decisión que también generó el rechazo de 24 gobiernos regionales.
Los representantes vienen de siete organizaciones indígenas que forman parte de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO): OISPE, FIKAPIR, FIKIMMEP, FECONAFROPU, OIMPRA, FECOIBAP y OCIBPRY. Sus líderes han llegado para pedir al Estado medidas concretas que protejan sus territorios del avance de actividades ilegales como la minería y la tala.
Cuestionan decisiones del Serfor
Las organizaciones denuncian que el Serfor ha modificado de forma unilateral y sin consulta previa los criterios que permitían la protección de zonas de alta biodiversidad.
«El Serfor contradiciendo sus propios compromisos anteriores, ha cambiado las reglas que permitían proteger zonas de alta biodiversidad bajo la categoría de “ecosistemas frágiles”, cerrando el camino a su reconocimiento oficial como áreas naturales protegidas y áreas de conservación regional».
Advierten que este «cambio de reglas» pone en riesgo cientos de miles de hectáreas de bosque, lo que representa una amenaza directa a la seguridad territorial, ecológica y cultural de las comunidades indígenas.
Procesos en riesgo por falta de protección
Entre las principales preocupaciones de las federaciones indígenas está el futuro del Área de Conservación Regional Medio Putumayo Algodon y la implementación de la Reserva Comunal Bajo Putumayo, creada por ley. Ambas áreas se encuentran en regiones donde la minería ilegal, la tala no autorizada y el tráfico de tierras han ido en aumento, sin una respuesta efectiva por parte del Estado.
Incluso en espacios ya reconocidos como el Parque Nacional Yaguas, el Parque Nacional Güeppí Sekime y las Reservas Comunales Airo Pai y Huimeki, las organizaciones denuncian una creciente presencia de actores ilegales.
Propuesta: una mesa técnica de alto nivel
Frente a este escenario, las federaciones proponen la instalación de una Mesa Técnica de Trabajo de Alto Nivel, con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de sectores competentes del Ejecutivo. Esta instancia permitiría activar la Autoridad Multisectorial de la Cuenca del Río Putumayo, creada mediante la Ley N.º 32092.
Entre los principales objetivos de esta mesa está la elaboración de su reglamento y el aseguramiento de la participación directa de los pueblos indígenas en el diseño y seguimiento de políticas públicas que garanticen el desarrollo integral y la defensa de esta zona fronteriza.
Las organizaciones indígenas consideran que las decisiones del Serfor representan un retroceso en la política de conservación y una amenaza para la vida de los pueblos que habitan el Putumayo. Reiteran su pedido de diálogo y exigen medidas para frenar el avance de actividades extractivas ilegales en sus territorios.
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