Luego de cinco años de una larga y accidentada investigación, finalmente se iniciará el juicio oral contra el empresario Walter Peña Aldea, conocido criador de caballos de paso y gallos de pelea, acusado del presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una joven abogada. El proceso se llevará a cabo este martes 5 de agosto en el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo.
La víctima, identificada con las iniciales S.P.S., denunció que los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2020, luego de haber sido invitada al fundo del empresario, ubicado en la provincia de Virú, a aproximadamente una hora y media de Trujillo. Según su testimonio, tras consumir algunas copas de licor con Peña Aldea, perdió la conciencia. Al despertar, se encontraba en una habitación oscura con el acusado sobre su cuerpo. A pesar del impacto, logró retornar a Trujillo en el vehículo del mismo empresario, al no tener otra forma de salir del lugar.
Durante estos años, la denunciante enfrentó múltiples trabas en el proceso, entre ellas cambios de fiscales, demora en diligencias clave y desinterés de las autoridades. No fue sino hasta recientemente que la Fiscalía formalizó la acusación, lo que abre la posibilidad de que el empresario sea condenado a hasta 20 años de prisión. Además, ante el riesgo de fuga, la abogada ha presentado a la Fiscalía Provincial de Virú una solicitud para que se evalúe el pedido de prisión preventiva contra Peña Aldea.
Obstáculos en la investigación
Durante el proceso, el empresario intentó desacreditar la acusación en su contra. Alegó que la denunciante buscaba un beneficio económico, presentó denuncias por difamación y evitó reiteradamente asistir a las citaciones tanto de la Policía como del Ministerio Público. Incluso, salió del país en varias ocasiones, ya que en ese momento no pesaba sobre él ninguna medida de restricción legal.
La víctima, quien al momento del presunto ataque tenía 26 años (mientras Peña Aldea tenía 43), sostuvo que no existía ningún tipo de relación amorosa con el acusado. “Mi caso tuvo muchas interferencias e iba a ser archivado por insuficiencia de pruebas, según el criterio del anterior fiscal. Había cumplido 26 años cuando ocurrió el ataque, y esa persona tenía 43”, declaró la joven abogada, quien fue diagnosticada con estrés postraumático y depresión tras lo ocurrido.
Ahora, con el inicio del juicio, la denunciante espera que se haga justicia y que el caso marque un precedente en un sistema judicial que muchas veces deja de lado las denuncias de violencia sexual cuando las víctimas no tienen poder o influencias.
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