La minera Aurífera Retamas S.A. (Marsa), concesionada en el anexo de Llacuabamba, provincia de Pataz, región La Libertad, sufrió un nuevo atentado con explosivos en una de sus bocaminas, el cual dejó a cuatro trabajadores de una empresa contratista heridos.
Este es el segundo ataque que sufre Marsa en pocos días. Y, lo más indignante es que sucede en pleno estado de emergencia por la ola de criminalidad en ese sector.
ATENTADO EN SERIE
El primer incidente ocurrió a las 09:30 horas del sábado 24 de febrero, cuando desconocidos lanzaron dos artefactos explosivos hacia las instalaciones, provocando derrumbes que pudieron afectar al personal de seguridad.
Posteriormente, el lunes 26 de febrero a las 09:45 horas, cuatro sujetos desconocidos ingresaron a la zona alta de la mina y lanzaron cuatro cartuchos de dinamita, cuya detonación originó más derrumbes y dejó heridos a los trabajadores.
Los obreros lesionados fueron trasladados de inmediato al centro médico de la empresa, donde se informó que no presentan heridas graves y que se están recuperando favorablemente.
Ante estos hechos, se interpuso la denuncia correspondiente en la comisaría de Llacuabamba, la cual derivó el caso ante el Ministerio Público de Tayabamba.
¿Y EL ESTADO DE EMERGENCIA?
Los atentados contra la minera se producen en un contexto de creciente violencia e inseguridad en la zona norte de La Libertad. De hecho, las provincias de Pataz y Trujillo, capital regional, se encuentran en estado de emergencia por 60 días debido al alto índice delincuencial.
Las autoridades han vinculado la ola de ataques a la actuación de organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas como la extorsión, sicariato y cobro de cupos a empresas. Asimismo, se ha identificado la participación de mafias de minería ilegal que estarían detrás de algunos de los atentados registrados en los últimos meses.
Esto sucede en medio de los ofrecimientos de la instalación de una base militar que controle las acciones delictivas con ayuda de la Policía. Como se sabe, en Pataz es el Ejército el que ejerce el control de la delincuencia mientras dura este estado de emergencia.
El objetivo es restablecer el estado de derecho y generar condiciones de seguridad que permitan reactivar las actividades productivas en la zona.
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