Keiko Fujimori, actual candidata presidencial por Fuerza Popular, negó que haya habido “ni una sola prueba” para condenar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Las declaraciones las dio en el programa “Enfrentados”, de América Televisión.
PerúCheck revisó la sentencia contra Alberto Fujimori y entrevistó a expertos. Lo declarado por Keiko Sofía es falso. Las pruebas para condenar a su padre están en el orden de las decenas. Además, la sentencia ha sido revisada mútiples veces en varias instancias y jamás ha recibido un fallo que la desdiga.
Los casos contra Fujimori
El 3 de noviembre de 1991, militares del denominado grupo Colina, al mando del general Santiago Martín Rivas, ingresaron a una vivienda multifamiliar en el Jirón Huanta 840, en Barrios Altos. Allí, mientras se celebraba una pollada —según el testimonio de los supervivientes— separaron y abrieron fuego contra aproximadamente 20 personas. Luego, remataron a algunas. En total, fueron 15 las víctimas, incluyendo a Javier Ríos Rojas, de 8 años.
Por esta masacre y la de La Cantuta —así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer—, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión el 7 de abril de 2009. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema, revisada por el Tribunal Constitucional en 3 ocasiones (1, 2, 3), que rechazó sus cuestionamientos y, finalmente, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos oportunidades (1, 2).
La condena contra Fujimori
Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que presidió en su momento el juez César San Martín.
Los delitos fueron homicidio calificado —asesinato con alevosía—, lesiones graves y secuestro agravado. El fallo fue por prueba indiciaria y se le responsabilizó como autor mediato por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, así como autor por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
La “autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder” es una teoría de imputación penal formulada por el jurista alemán Claus Roxin en 1963. Según esta figura, quien dirige o controla una estructura jerárquica capaz de ejecutar órdenes criminales puede ser considerado autor del delito, aunque no lo haya cometido directamente. Es decir, el líder de un grupo puede ser imputado aunque no haya ‘jalado el gatillo’.
El abogado Julio Arbizú lo explica a PerúCheck respecto de la sentencia a Fujimori: “Si bien los que aprietan el gatillo son los miembros del grupo Colina en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, hay una cadena de mando que encuentra responsabilidad en quienes dieron las órdenes y en quienes tenían conocimiento absoluto de lo que estaba ocurriendo, como es Fujimori”.
Las pruebas contra Fujimori
A Fujimori se le condenó por prueba indiciaria, un conjunto de evidencias que permitieron acreditar su responsabilidad en las masacres cometidas por el grupo Colina. Además, por el encubrimiento y validación de las matanzas.
Durante la lectura de la sentencia, la secretaria de la sala leyó las 247 cuestiones de hecho que permiten probar, como afirmó el juez, “qué sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió y la razón de la conclusión condenatoria” de Alberto Fujimori. Esta lista también está en la sentencia expedida.
Al respecto, Carlos Rivera Paz, abogado de los deudos durante el juicio, le explicó a PerúCheck que existieron por lo menos 41 pruebas que explican por qué Fujimori fue condenado. Esta lista fue publicada en la plaqueta de su autoría La Responsabilidad del Jefe.
Este medio revisó el documento en mención, así como la sentencia contra Fujimori y resume aquí todas las pruebas citadas que lo hallaron culpable. Las pruebas certifican que Fujimori reformó las Fuerzas Armadas para darle mayor poder al servicio de inteligencia, que puso como cabeza informal de ese estamento a Vladimiro Montesinos. Que las Fuerzas Armadas promovieron un plan contrasubversivo que incluía grupos paramilitares, y que uno de sus fines fue aniquilar supuestos terroristas. Que Fujimori estaba al tanto. Asimismo, que el exmandatario estableció una estrategia de silencio cuando la opinión pública se enteró de las matanzas; también, que apoyó mediáticamente a los responsables. Y por último, que los encubrió.
En primer lugar, Fujimori reformó las Fuerzas Armadas para darle mayor poder al Servicio de Inteligencia, sobre todo al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Nicolás Hermoza Ríos, excomandante general de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1992-1998, declaró durante el juicio que el exmandatario unificó los servicios de inteligencia. Antes, había señalado ante el Congreso que el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) estaban subordinados al SIN.
El propio Fujimori manifestó en múltiples entrevistas que este órgano cumpliría un rol central en la lucha contrasubversiva. El exgeneral Julio Salazar Monroe, quien fuera el jefe del SIN, afirmó durante el juicio que Fujimori ordenó una reorganización de esta institución que implicó más recursos logísticos y de personal.
Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori, determinó el nombramiento de Víctor Silva Mendoza como jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), de Hermoza Ríos como comandante general del Ejército y de Juan Rivero Lazo como director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) para llevar a cabo este reordenamiento.
En segundo lugar, Fujimori puso como cabeza informal en el SIN a Vladimiro Montesinos. Este último fue quien le avisó en una reunión en su casa a Salazar Monroe que sería jefe del SIN. Salazar Monroe ha reconocido que él solo era ‘el jefe formal’ de la organización.
Asimismo, Nicolás Hermoza Ríos, comandante general de las Fuerzas Armadas desde 1992 hasta 1998, declaró en el juicio que “en los hechos Vladimiro Montesinos conducía el SIN y el sistema de inteligencia […] también tenía una enorme gravitación en los poderes del Estado”. Tanto así que él era quien manejaba el presupuesto del SIN, en palabras de Salazar Monroe.
En tercer lugar, el Ejército promovió un plan contrasubversivo que incluyó la creación de los grupos paramilitares y la aniquilación de presuntos terroristas. Fujimori estaba al tanto. En abril de 1991, se publicó el Manual ME 38-20 de operaciones especiales de inteligencia (OEI). El grupo Colina fue parte de dichas operaciones. En el manual, se reconoce que las OEI también están hechas “para causar daños al adversario” mediante sabotaje, secuestro, entre otros.
En dicho manual, se señala: “para el planeamiento y ejecución de OEI es considerado el más alto nivel de planeamiento y decisión al Servicio de Inteligencia Nacional”. Asimismo, por lo menos ocho integrantes del grupo Colina señalaron que este había sido creado para matar personas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Además, Fujimori tiene una historia de comando sobre las Fuerzas Armadas, como prueba la plaqueta de Rivera. Una de las evidencias más contundentes es la declaración del excoronel Carlos Domínguez Solis, quien señaló que fue el mismo Fujimori quien ordenó el secuestro de Samuel Dyer.
No solo eso, sino que promovió a quienes luego serían parte del Grupo Colina. El 25 de junio de 1991, meses antes del atentado en Barrios Altos, el exmandatario emitió un memorando de felicitación a los integrantes del Grupo de Análisis, que luego pasarían a formar parte del Grupo Colina. La congratulación serviría para que menos de una semana después, estos asciendan.
El día que ocurrió la masacre de Barrios Altos, Fujimori se había mudado para dormir en el edificio del Servicio de Inteligencia Especial (SIE), según información publicada por el periodista Edmundo Cruz. En el mismo edificio estaban las oficinas administrativas del grupo Colina; allí también dormía Martín Rivas, jefe operativo del comando.
Antes de lo ocurrido en La Cantuta, según testimonio de Rivas para el periodista Umberto Jara, Fujimori se reunió con Nicolás Hermoza, Montesinos, entre otros. Allí decidieron responder de manera militar al atentado de Tarata. Asimismo, Rivas señaló para Jara que Fujimori aprobó el manual que sirvió para aniquilar supuestos terroristas.
Luego de los atentados, Fujimori los defendió y encubrió. El general Rodolfo Robles Espinoza denunció y ligó a Montesinos y a Hermoza Ríos con la masacre de La Cantuta; sin embargo, Fujimori declaró en los medios que los personajes no tenían relación con el caso. No solo eso, sino que firmó una resolución para darle de baja al general que los acusó.
Asimismo, negó ante la prensa que el general Hermoza ni Montesinos estuvieran involucrados en la masacre de La Cantuta y les dio su confianza en público.
Por último, Fujimori encubrió a los perpetradores de las matanzas promulgando leyes que antes el Congreso había aprobado. Primero, la denominada ‘Ley Cantuta’, que hizo que el caso pase al fuero militar. Después, en junio de 1994, promulgó la primera ley de amnistía, para beneficiar al grupo Colina. Dado que la jueza que llevaba el caso decidió no aplicarla, en julio de 1995, promulgó la segunda.
Conclusión
Es falso que la sentencia a Alberto Fujimori por los casos de Barrios Altos y La Cantuta haya sido emitida sin pruebas, como señaló su hija y candidata presidencial Keiko. Existe vasta evidencia que certifica que los crímenes fueron parte de una política de Estado que Fujimori ordenó. Asimismo, la sentencia ha sido revisada por múltiples órganos nacionales e internacionales. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsas las declaraciones de Keiko Fujimori sobre su padre.
*Nota elaborada por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación.
